Los afectados por la polineuropatía epidémica ya no son recordados por nadie: miles de ciudadanos perjudicados para siempre, con limitaciones extraordinarias en su calidad de vida, incluida en muchos casos la ceguera total. Casi nadie conoce, fuera de determinados círculos de la Isla, que el estudio internacional sobre la epidemia concluyó en la alta probabilidad de una combinación fatal entre carencias proteicas e intoxicaciones alimentarias como causas del origen de la epidemia.
Ese fue el resultado del brusco corte de los abastecimientos, sobre todo en las provincias occidentales del país, unido a los experimentos sobre mezclas y combinaciones de pastas y otros alimentos; así como la falta de control sanitario en la transportación de agentes químicos. En fin, una combinación entre carencias de proteínas en los alimentos y factores tóxicos.
Lo anterior quedó demostrado con el envenenamiento colectivo por consumo de pan en el poblado de Calabazar, en 1993, que se saldó con cientos de afectados, el silencio oficial de sus causas y el reparto gratuito de alimentos "cortesía del Consejo de Estado", según se informó a los vecinos.
No se abrió una investigación pública ni se divulgaron sus resultados. Muchos recuerdan a varios miembros de los CDR pidiendo en las calles "paredón", en medio de la movilización popular y espontánea para trasladar a los afectados hacia las instituciones hospitalarias. Era más fácil pedir sangre dando por supuesto un acto terrorista proveniente del exterior, que pedir cuentas sobre las causas de una intoxicación alimentaria.
El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, que se dedicó con particular entusiasmo a promocionar en sus publicaciones nada más y nada menos que la sustitución del hilo de sutura quirúrgico por el hilo de henequén —experimentado en 1991 en la provincia de Pinar del Río, precisamente el lugar geográfico donde comenzó la epidemia—, nada dijo sobre la polineuropatía, salvo la versión oficial de Castro que le atribuía su origen al consumo de tabaco y alcohol.
Nadie menciona ya la atroz política de exclusión de los pacientes infectados por el VIH o sida, dictada en su momento por los ministerios de Interior y Salud, que llevó a cientos de personas a confinamientos sanatoriales, estigmatización pública y persecución policial, en una política totalmente errada según la práctica internacional del control de enfermedades de transmisión sexual y sanguínea.
Nunca se abordan en las revistas científicas cubanas los aspectos legales de protección al paciente, encontrándose estos totalmente a merced de los errores médicos, yatrogenias e incluso de verdaderos crímenes por negligencias, toda vez que no existen en Cuba los medios jurídicos para aislar la acción médica de sus consecuencias legales.
Los pacientes fallecidos son sometidos a necropsias en los departamentos de Anatomía Patológica de las instituciones donde fueron atendidos, sin la mediación de representantes legales de la familia ni de criterios médicos independientes que evalúen la verdadera causa de la defunción, salvo que se estime homicidio o asesinato, en cuyo caso pasan al Instituto de Medicina Legal.
Sin contar la práctica establecida de constituir todas las entidades hospitalarias del país como "docentes" —sin previa pregunta a los pacientes—, que tienen la obligación inconsulta de admitir prácticas a personal médico y paramédico en formación. Estudiantes que, por demás, son utilizados comúnmente como fuerza de trabajo en las entidades de salud.
Por tanto, si nos referimos a indicadores de calidad en la atención, entonces estamos en presencia de un sistema descontrolado. Un estudio realizado durante el año 1997 en dos salas de atención hospitalaria de la capital, y cuyo único objetivo era validar un sistema fiable de encuestas para la medición de la calidad de los servicios, terminó por concluir una evaluación media de entre 35-52 puntos sobre 100 posibles en indicadores tales como el cumplimiento de las indicaciones médicas, higiene del entorno hospitalario, yatrogenias y satisfacción del paciente, entre otros. Estos no son aspectos que el gobierno publique a gusto, pues contradicen su discurso.
Por otra parte, entre muchos científicos cubanos rige la "omertá". Si alguien no está familiarizado con el término, mejor que no lo busque en la literatura científica porque se encuentra en todos los diccionarios: es un código siciliano del honor que prohíbe revelar datos sobre ciertos crímenes a las personas implicadas. El autor que mejor lo ha descrito es Mario Puzo en su obra El Padrino. |