Circunstancias como la existencia, en las leyes penales cubanas, de alrededor de 30 figuras jurídicas que pueden implicar la aplicación de la pena máxima, la total dependencia estatal del ejercicio del derecho y la función judicial, la ausencia de transparencia informativa sobre los procesos y la inexistencia de mecanismos de control y cuestionamiento social, hacen que la pena de muerte tenga en Cuba un peligro mucho mayor del que se estima.
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| Fusilamientos de 2003: Un crimen de Estado. |
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El fusilamiento inesperado e injustificable, en abril del año pasado, de tres jóvenes cubanos que realizaron una acción delictiva sin consecuencias fatales, puso en el orden del día las perspectivas y referencias de nuestra sociedad sobre un asunto tan trascendental.
El hecho de que en pocas horas, sin dar a los jueces —que ya de por sí no tienen libertad— la posibilidad de reflexionar sobre el caso, tres cubanos fueran mal juzgados, condenados y ejecutados, llama a la inquietud y la indignación. Es cierto que el hecho provocó conmoción, malestar y rechazo en amplios sectores de la población, pero tal impacto no deja de tener connotación circunstancial.
La arbitrariedad y discrecionalidad con que las autoridades cubanas ejercen su poder absoluto provoca que, según sus conveniencias, adopte proyecciones extremas y contradictorias a la hora de aplicar la pena máxima.
Puede ejecutar en 72 horas a reos —como los mencionados protagonistas de los sucesos de abril de 2003— cuyo delito está lejos de conllevar la sanción más severa; puede ejecutar en sólo un mes al "más grande héroe militar de la historia de la revolución" (el general Arnaldo Ochoa), aunque la certeza de su inocencia crezca a medida que pase el tiempo; puede dejar en un agobiante limbo jurídico a reos como Humberto Eladio Real Suárez, joven cubano que en una acción de infiltración, a principios de la década de los noventa, provocó la muerte de un ciudadano. O el joven salvadoreño que en el verano de 1999 realizó varios atentados con bombas en centros turísticos de la capital, causando la muerte de un turista italiano.
En lo que puede antojarse como el oscuro corredor cubano de la muerte, esperan en silencio estos dos hombres, condenados a muerte en primera instancia. Esperan durante años (8 y 4, respectivamente) la celebración de la vista en el Tribunal Supremo, según prevé para estos casos la ley penal vigente.
A debate el derecho a la vida
La Coalición Diálogo pro Derechos de Cuba, en su declarado esfuerzo por promover la cultura y el debate sobre los derechos humanos, ha emprendido una campaña que impulsa la creación de espacios de debate sobre la pena de muerte y la recogida de firmas para expresar ante las autoridades de la Isla la solicitud de una moratoria legal sobre las ejecuciones.
El derecho a la vida es un concepto amplio y abarcador, pero una de sus zonas más sensibles y complejas es la situación concreta de las instituciones gubernamentales y judiciales ante este problema. La existencia misma de la pena de muerte como condena posible tiene enormes repercusiones en la seguridad ciudadana. Así como en la percepción social sobre el natural equilibrio que debe existir entre las garantías plenas a la integridad de los individuos y el correcto tratamiento a las más peligrosas conductas criminógenas.
En las naciones latinoamericanas, donde ciertamente el derecho a la vida no goza de muy buena salud, se ha logrado, sin embargo, que las leyes e instituciones estén libres de esa pesada carga. El Estado y las instituciones no disponen de la vida humana, desde el poder no se responde al irrespeto del derecho a la vida con la misma acción.
Cuando las sociedades toman conciencia y convicción suficientes como para obviar la "vía más fácil" de enfrentar el crimen, se ponen en el camino indicado para buscar los mecanismos idóneos, pero humanistas, para prevenir el delito y, sobre todo, educar a los ciudadanos en el respeto a la vida ajena.
Cuba necesita que en todos los niveles y espacios de la sociedad se confronten y ventilen de manera abierta, transparente y desprejuiciada los argumentos que rechazan y respaldan la utilización de la pena de muerte, para que no quede sólo en manos del poder la determinación única y última sobre la vida de los seres humanos.
A estas alturas del desarrollo humano, una sociedad que no haya encontrado mecanismos idóneos para prevenir y castigar el delito, sin necesidad de llegar al extremo terminal e irreversible, es una sociedad fracasada. Una sociedad donde sólo aflora un asunto de tal magnitud cuando el gobierno decide ejecutar a un ciudadano, es una sociedad enferma. Una sociedad donde no existe debate alguno sobre un tema que se vincula con el derecho más elemental, es una sociedad condenada.
Queda claro que no sólo los ciudadanos cubanos están desprotegidos ante el Estado, en cuanto a las decisiones sobre su vida. Cualquiera está en peligro de ser ejecutado, sólo por el incontestable designio del poder, que en la defensa de sus intereses, juega tanto con la vida de los condenados como con los sentimientos de sus allegados, sean cubanos o extranjeros.
Es hora de que las instancias políticas y judiciales de la Isla sean ganadas por el humanismo y la sensatez. Es hora de que no dispongan más de la vida ajena y se comprometan a asumir la responsabilidad de encontrar mecanismos eficaces en la prevención del delito, sin sembrar el terror en los ciudadanos y el luto en nuestras familias.
El primer paso para enfrentar y resolver un problema es reconocer que existe. El primer paso para crecer, humanamente como individuos y colectividad a través de la abolición de la pena de muerte, es que en el tan necesario debate sobre el tema participemos todos.
Según lo expresado por sus animadores, en el acto de presentación de la campaña por el derecho a la vida y contra la pena de muerte, la Coalición Diálogo pro Derechos no declina la responsabilidad y satisfacción de impulsar y participar en este debate. |
