www.cubaencuentro.com Jueves, 21 de octubre de 2004

 
  Parte 1/2
 
El dilema cubano: Propiedades confiscadas
por MARIFELI PéREZ-STABLE, Washington
 

Las transiciones imponen siempre costes excesivos, y los de Cuba serán aún mayores, pues el futuro se ha visto pospuesto durante demasiado tiempo. El presente, sin embargo, no permanecerá para siempre, y todos los que nos preocupamos por la Isla debemos hacer consideraciones para que la esperanza pueda tejerse dondequiera que haya florecido la desesperación. En este contexto, el tema de las propiedades confiscadas seguramente será uno de los más espinosos.

C. Hershey
Central Hershey, confiscado el 13 de octubre de 1960.

Las experiencias de Europa Central y del Este, si bien han resultado útiles, no han aportado una ley modelo que Cuba pueda seguir. Hungría eligió la compensación, mientras el resto de la región optó por la restitución. Cada estrategia comprende los pro y los contra de carácter político, legal y financiero. Mientras los desalojos —que se produjeron frecuentemente— constituyen el mayor coste político de la restitución, la compensación puede provocar un agujero financiero en una naciente economía de mercado.

Cada política tiene su complejidad y requiere mucho tiempo. La prueba de propiedad resulta a veces imposible de establecer y la definición de los demandantes puede resultar problemática. Si los dueños originales han muerto, ¿cuán distante puede ser un familiar para contemplarse como heredero?

La República Checa y Bulgaria requerían que los demandantes fueran residentes nacionales, y en toda Europa del Este los laberintos burocráticos frustraron a menudo la presentación de demandas. En Alemania, gracias a los recursos financieros de la región occidental y a la experiencia administrativa, la política de restitución del país reunificado fue la más exitosa.

Invertir y adquirir bienes

Una cosa está evidentemente clara: garantizar la propiedad privada es algo intrínseco a una transición a la economía de mercado. Reparar confiscaciones injustas constituye un requisito del imperio de la ley. Las nuevas democracias deberían crear un ambiente seguro para que tanto nacionales como extranjeros invirtieran y adquirieran bienes. Los países de Europa Central y del Este que privatizaron y garantizaron de la mejor forma los derechos de propiedad son ahora los más prósperos y democráticos.

De cierta manera, todo resulta tan simple como eso. La razón por la que no existe ninguna ley modelo es que cada país posee su propia historia y cultura. Sería un disparate no estructurar el tema de las propiedades confiscadas tanto en la esfera política como en la legal y la financiera.

Así, con respecto a la cultura política cubana, deben hacerse dos observaciones cruciales:

- El nacionalismo: incluso después del giro comunista, muchos siguieron sintiendo la revolución tan cubana como las palmas.

- Las relaciones Cuba-EE UU: la transición pendiente debería ser el momento más apropiado para arreglarlas.

Ambos puntos son coordenadas axiales en el accidentado terreno político cubano.

A principios de los sesenta, el gobierno revolucionario confiscó las empresas estadounidenses y también las más importantes cubanas, ante el aplauso de una mayoría de ciudadanos. En sus corazones, millones de cubanos creían que la revolución finalmente cumpliría la promesa que la república (fundada en 1902) había incumplido. Lo que había sido impensable años antes —la eliminación de la propiedad privada— resultó aclamado.

Hoy se trata del caso opuesto. Cualesquiera que hayan sido las buenas intenciones de la revolución, hace rato que se han disipado. El gobierno actual sólo ofrece más de lo mismo: un callejón sin salida. El cubano de a pie comprende que ha sido el capricho del Comandante lo que ha impedido una reestructuración económica similar a la de China o Vietnam. De manera que un mensaje serio a favor de la propiedad privada encontraría oídos receptivos en Cuba.

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