El gobierno cubano acaba de adoptar el acuerdo 5290 sobre los contratos de producción cooperada o prestación de servicios entre las empresas cubanas y personas o entidades extranjeras, "para un mejor desarrollo y control de esa actividad". Estos contratos representaban acaso la mejor forma de trabar la iniciativa empresarial de la Isla con el capital foráneo.

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Las partes cubana y extranjera emprendían así negocios ajustados a la realidad económica imperante: de fuera entraban el dinero y, a veces, la tecnología, para explotar dentro (digamos que en el buen sentido) la fuerza de trabajo y la planta fabril.

Los resultados se aplicaban al pago del precio pactado en cada reglón con la parte extranjera que, de cobrar, se llevaba la ganancia implícita. Para introducir buenas prácticas de afuera y paliar el desbarajuste, adentro se contrataban también firmas extranjeras, que administran instalaciones o líneas de producción a cambio del precio estipulado, siempre con arreglo a los resultados de la gestión.

En la producción cooperada, las partes no aportan capital ni crean fondo común. Tampoco se comparten el patrimonio de dentro, ni las utilidades del negocio. La mejor carta del inversor extranjero estribaba en controlar los suministros y asegurar la ganancia prevista con los precios, pero las posibilidades de juego se reducen ahora por efecto de tres normas sencillas: el suministrador se determinará mediante "proceso de concurrencia", regulado al detalle por el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), y el contrato mismo de producción cooperada no podrá derivar "en condición de suministrador exclusivo". Si la parte extranjera del contrato y el proveedor coincidieran, como sucede a menudo, la parte cubana deberá pagar los suministros solamente a partir de los ingresos por la producción cooperada.

Amén de más estrecha, la puerta del negocio se torna más difícil de abrir. Antes bastaba el simple trámite de contratación entre las partes, bajo la supervisión acostumbrada del organismo correspondiente; ahora, la máxima autoridad del ramo a que pertenece la entidad cubana deberá proponer el contrato al Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC). Luego de valorarlo, el MINVEC tendrá que presentarlo al gobierno para su aprobación.

El todo y las partes

Para evaluar la propuesta no podía esperarse otra cosa: el MINVEC "se hará asesorar por una Comisión integrada de forma permanente por representantes del Banco Central de Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX), el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Aduana General de la República", así como por los demás órganos de la Administración Central pertinentes según la naturaleza del negocio.

Por principio de contabilidad elemental se llevarán las finanzas y los costos separadamente por cada contrato de producción cooperada, aunque los financiamientos deben aprobarse por el Banco Central de Cuba.

Los impuestos y demás erogaciones fiscales se pagan asimismo "de forma independiente por cada parte". Mas los contratos mismos, que antes se suscribían entre las partes y punto, deben constar ahora en "escritura pública y entrarán en vigor al momento de su inscripción en el Registro Mercantil".

Una vez abierta la puerta de contratación, habrá que andar rápido por los pasillos de la economía cubana para recuperar lo invertido y hacerse de ganancias. Las producciones cooperadas "no podrán exceder de tres años". Este plazo podrá extenderse, de manera excepcional, sólo por el gobierno.

Si requiere comprar suministros o vender producciones en el exterior, el inversor foráneo no podrá hacerlo por sí mismo: será prerrogativa del contratante cubano. Pero si éste no tiene licencia de importación o exportación, aparecerá en la escena otro personaje del socialismo burocrático: la empresa autorizada de comercio exterior, que deducirá gustosamente su parte del pastel cocido en el horno de la cooperación.