Después de la Campaña de Alfabetización de 1961 —una de esas primeras misiones de los jóvenes bajo el castrismo—, no fueron analizados los conflictos y traumas de decenas de miles de niños, adolescentes apenas, debido a la lejanía de sus padres durante meses, por vivir en parajes inhóspitos, y por estar sujetos incluso al peligro de perder sus vidas.

No hubo reflexiones que impidieran nuevos experimentos masivos con la formación de la niñez y la juventud cubanas. Se crearon, sin embargo, varios programas de movilización permanente o temporal que segregaban a los menores de sus hogares, como los sistemas de becarios, brigadas de recogedores de frutos, escuelas permanentes en el campo y escuelas temporales al campo, dirigidas muchas veces por irresponsables e inexpertos jóvenes también. La lejanía de la familia y del hogar era su denominador común. Se creó el Servicio Militar Obligatorio para niños de 16 años, con la misma impunidad con que antes se permitió que niños de entre 15 y 17 años participaran en los combates de Playa Girón.

¿Patria potestad o la potestad de la patria?

En Cuba se planifica la educación de niños y jóvenes según el criterio militarista de su seguridad nacional. El futuro de esa infancia y la "primordial" tarea de los padres —según rezan las convenciones internacionales sobre el derecho de los niños—, pasa a un segundo plano. Las escuelas para adolescentes fuera del alcance de la guía familiar han llegado a ser para muchos habitantes de la Isla —y para aquellos extranjeros que de manera superficial se aproximan a la realidad cubana—, parte del muy alabado sistema de educación en Cuba. Son ya parte sustantiva de la cotidianidad del país; de igual forma que el Servicio Militar Obligatorio es, supuestamente, una expresión del "heroísmo" o de la "resistencia del pueblo cubano".

A campañas de hace cuarenta años, rayanas en la caricatura, acerca de cómo la patria potestad era eliminada por el Estado comunista, se respondió con el argumento del derecho de la patria —léase del gobierno cubano— a defender su seguridad nacional del modo que estimase pertinente, dentro de lo cual se incluía el tipo de educación que se impondría a los niños.

A los padres se les dejaba una "potestad" relativa a la obligación de educarlos como militantes fieles al Comandante en Jefe, al tiempo que a ellos mismos se les "educaba" también en el servicio incondicional y prioritario que debían prestar a las políticas de Estado, en cuyo ejercicio la atención a la familia y a los hijos pasaba a un segundo plano. Más de tres generaciones han conocido de la ruptura familiar parcial o total como consecuencia de estas políticas, que, bajo el sello del deber con la patria, fueron establecidas por el actual régimen en Cuba.

Algunas de estas cuestiones han sido ya subsanadas —como elevar la edad mínima de ingreso al servicio militar activo a 17 años—, no así la incondicionalidad que los ciudadanos le deben al Estado comunista, ni otros aspectos relacionados con el irrespeto por la autoridad paterna ante los hijos.

No se acostumbra a pedirles permiso a los padres para llevar a los niños a tribunas y actos políticos. En aquellos casos en que son consultados y se niegan los permisos —casi siempre acerca de movilizaciones hacia labores agrícolas u otras fuera del ámbito familiar—, niños y padres deberán pagar las consecuencias de ser vistos como anatemas dentro de las escuelas y la sociedad cubanas, dominadas por un totalitario sistema político que no admite disensos.