La presunción de culpabilidad es un principio jurídico típico del socialismo real: todo ciudadano es culpable de algo mientras no demuestre lo contrario. Allá él si no consigue convencer al tribunal de su inocencia. En Cuba, esa norma se vuelve a aplicar estos días como coartada para encarcelar a cientos de jóvenes que, a juicio de las autoridades, constituyen un peligro para la estabilidad del régimen y "el futuro luminoso del país", sobre todo porque carecen de "combatividad revolucionaria" o presentan "rasgos predelictivos".

¿Culpable o inocente? Según decida el policía de barrio.

Los criterios de aplicación del principio de peligrosidad son subjetivos: la evaluación de la conducta depende casi siempre de la opinión o el capricho del policía de barrio, y los tribunales no necesitan pruebas para dictar sentencia. A los jueces les basta con la "convicción moral" de la culpabilidad del reo, que, como queda dicho, nunca escasea. Por eso cualquier joven que tenga la mala suerte de ostentar esos "rasgos predelictivos" —que pueden variar desde la afición al rock hasta la preferencia por la moda extranjera, pasando por lecturas no canónicas o amistades sospechosas—, sabe que corre el riesgo de que lo encierren durante uno o dos años en algunas de las muchísimas prisiones de la Isla.

El temor difuso que generan la indefinición de la conducta delictiva y la impotencia del ciudadano ante el poder represivo del Estado ha sido un factor esencial en la supervivencia del castrismo. Es la filosofía de palo y tentetieso, que con frecuencia e intensidad crecientes ocupa el vacío ideológico creado por la evaporación del marxismo-leninismo-tercermundismo. El miedo y su contrapartida, la esperanza de lograr huir un día de la Isla, conforman del verdadero sustrato del sainete propagandístico que el gobierno ha bautizado con el pomposo título de "batalla de ideas".

A nuevos tiempos, técnicas viejas

La aplicación del criterio de peligrosidad para encarcelar masivamente a "elementos desafectos" o a quienes se considera portadores de "lacras burguesas" dista mucho de ser novedosa. Desde los primeros años del castrismo se iniciaron las recogidas de putas, chulos, juerguistas, homosexuales y hasta algún que otro poeta noctámbulo y desprevenido, que fueron enviados a la Península de Guanahacabibes a purgar sus pecados mediante el salutífero ejercicio de cortar mangle o plantar cítricos. Por supuesto, a esta nómina siempre se añadían algunos miles de personas sin otro rasgo distintivo que ser tibios o indiferentes a la ideología revolucionaria y, por tanto, enemigos potenciales del nuevo orden.

Luego, en los años de 1964 a 1967, esas medidas se disfrazaron bajo el rótulo de una convocatoria a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), creadas a tenor de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, a la que estaban sujetos todos los ciudadanos cubanos de sexo masculino y edades comprendidas entre los 16 y los 45 años. Las UMAP fueron un horror interminable para miles de jóvenes que habían cometido el delito de cumplir con los trámites vigentes para marcharse del país por el aeropuerto de Rancho Boyeros o de asistir regularmente a algún culto religioso.

El declive de las UMAP coincidió con los operativos de la Seguridad del Estado contra jóvenes de varias ciudades, principalmente La Habana, que culminaron en 1967 y 1968 con las redadas de El Vedado y la concentración de varios miles de presuntos desafectos en los campamentos de trabajo forzado de Pinar del Río.

Algunos que tuvieron la osadía de protestar contra la magnanimidad y previsión de las autoridades, empeñadas en llevarlos por el buen sendero de la obediencia y el trabajo rural, terminaron en el presidio político. Otros, menos afortunados, fueron a dar con sus huesos en cárceles de presos comunes, donde los matones de turno los recibían con el poco halagüeño pregón de "oye, llegó carne fresca".