El llamado al uso de la calle realizado por la líder opositora Martha Beatriz Roque es un gesto valiente, pero alentar las protestas populares desde el exilio es un acto irresponsable. Junto con las denuncias al aumento de la represión en la Isla, han comenzado a escucharse los gritos de lucha en Miami. Aquí se enfatiza el carácter detonante del aumento de las tensiones, sin tomar en consideración las consecuencias de una escalada de violencia. Aunque las circunstancias existentes en Cuba no indican que el régimen castrista se encuentre en una situación crítica, los llamados al combate no faltan en las oficinas con aire acondicionado; se llenan de entusiasmo las tertulias en el café de la esquina y el espíritu combativo brota con fuerza en medio de la comodidad del hogar.

Opositores conmemoran el hundimiento del remolcador 13 de Marzo.

Roque, economista y presidenta de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC), afirma que "el camino es la calle y vamos a utilizar la calle en toda la nación". Se trata de un reto importante. Las próximas semanas confirmarán el alcance de estas palabras. Lo que está en juego no es sólo la supervivencia de la organización disidente y de sus miembros, sino también la posibilidad de avanzar —de una forma pacífica— en los esfuerzos destinados a producir un cambio en la Isla.

La opositora ha señalado la voluntad de "seguir insistiendo". Agrega que "en todas las provincias la Asamblea está llamando a celebrar manifestaciones". La declaración es el anuncio de un plan amplio de desobediencia civil en el país, que en las próximas semanas —o meses— podría demostrar la fuerza de una parte importante del movimiento disidente o quedar simplemente como una audacia verbal.

No es la primera vez que las tensiones políticas en Cuba se extienden a la confrontación callejera, pero la calle marca la frontera de lo permisible. Para Fidel Castro, uno de los principios claves de su estrategia política nacional es no dejar que se pierda la calle.

De momento, la enérgica reacción del régimen ante las últimas acciones de la disidencia evidencian el temor de que el descontento creciente se canalice en manifestaciones antigubernamentales. Al mismo tiempo, esta represión callejera en aumento puede provocar actos de violencia que pongan en peligro la vida de los disidentes, o incluso de los manifestantes.

Se impone la cautela al analizar lo ocurrido. Pese a los riesgos del análisis de una situación en proceso, hay que intentar explorar las posibilidades con las que cuenta la Asamblea para llevar a cabo sus objetivos.

En una escala represiva del uno al diez, el régimen de Castro se encontraría en estos momentos en una categoría tres (actos de repudio, detenciones limitadas). Es decir, cuenta con un buen número de recursos —que aún no ha empleado— para impedir actos en contra del gobierno. Estos recursos van desde la existencia de una fuerza paramilitar —que ha demostrado su rapidez y capacidad represora en otras ocasiones y que de inmediato puede contrarrestar cualquier manifestación popular—, hasta tropas adiestradas y equipos de lucha contra disturbios —entre ellos vehículos antimotines copiados de los modelos sudafricanos capturados durante la campaña de Angola— listos para entrar en combate ante una amenaza seria de insurrección callejera.

El factor en contra que conllevan unas medidas represivas amplias —y que Castro conoce— es que su utilización implica un desgaste: siempre está presente el temor de que llegue un momento en que los instrumentos de la violencia se nieguen a actuar o decidan cambiar de bando. De ahí que una de las explicaciones para la larga permanencia del mandatario cubano en el poder es su capacidad para emplear la represión preventiva. Reprimir desde el inicio, para no tener "necesidad" luego de recurrir a una mayor represión.