Probablemente casi nadie se acuerde de la alegría con que la mayoría de los cubanos recibieron la noticia de la rebaja de los alquileres de las viviendas, decretada a principios de 1959 por el recién estrenado gobierno revolucionario. La muy popular medida estaba encaminada a aliviar la carga pecuniaria de los inquilinos y garantizar el acceso de amplios sectores de la población a una vivienda decorosa.

Manifestación tras un desalojo en una casa del Diezmero, en La Habana.

Parecía que comenzaba a cumplirse, también en tan sensible tema, lo prometido por el líder de la revolución en su alegato de defensa del juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953, conocido como La Historia me absolverá, en el que aseguró que en Cuba sobraban piedra y brazos para que cada familia tuviera una vivienda decorosa.

El entusiasmo despertado por la naciente revolución y medidas como esta motivaron la acuñación de unas pequeñas placas metálicas de color rojinegro (alegóricos a la bandera del Movimiento 26 de julio) con la inscripción: "Fidel, esta es tu casa", que fueron colocadas en las puertas de entrada de muchos hogares cubanos. Obviamente el pequeño adorno reflejaba el ánimo generalizado de ver al máximo líder como parte de la familia; pero el agraciado interpretó la deferencia en sentido recto y, según sus muy particulares intereses, se convirtió de hecho, y en poco tiempo, en propietario efectivo de cada palacete, mansión, casa, apartamento, accesoria, habitación independiente, bohío, choza o covacha asentada a todo lo largo de nuestro húmedo y caluroso archipiélago.

El caso es que, siempre con el objetivo de afectar por despojo a los explotadores inmobiliarios, fueron sacados del juego por igual los grandes, medianos y pequeños "casatenientes" para poner en manos del Estado la responsabilidad total de dotar y proveer este bien tan importante y decisivo para la calidad de la vida y las armonías familiar y social.

Así, en un macabro y traumático enroque de controles y hegemonías, la sociedad perdió toda posibilidad de aportar al crecimiento del fondo habitacional y, por consiguiente, al enfrentamiento de un problema capital para cualquier nación, independientemente de su nivel de desarrollo. Los ciudadanos —usufructuarios o nominales propietarios— perdieron toda posibilidad de disponer libremente de su vivienda.

A partir de entonces no habrían más desahucios (desalojos forzosos por falta de pago), aunque sí eventuales decomisos por interés económico o político del gobierno. También es imposible lograr por vía independiente y legal acceso a una vivienda. El que obtenga una casa es porque "se la dio la revolución". Incluso, los pocos cubanos que gozan del privilegio de la total solvencia e independencia económica deben recibir del Estado tan preciado bien; es "normal" que las autoridades "entreguen" (en realidad, vendan) una vivienda a un encumbrado deportista o a un artista de fama mundial. Si el gobierno debe proveer viviendas a los que con su actividad cotidiana generan considerables beneficios financieros, es explicable que muchos ciudadanos simples sean víctimas del ya endémico desamparo habitacional.

La mar de prohibiciones

Ni siquiera la construcción por medios propios es una opción salvadora y generalizable, porque, aunque legalmente posible, es económicamente inviable para la inmensa mayoría de la población a causa del altísimo costo del empeño y el bajísimo poder adquisitivo del cubano común.

El monopolio estatal generó la creación de una tupida burocracia encargada de mantener los férreos controles a través de esa urdimbre de trámites y regulaciones, que junto a altos niveles de corrupción hacen más inalcanzable la solución de los problemas.

La ley regula la cantidad de viviendas que una persona puede poseer (dos, sólo una en la ciudad) y heredar. De hecho, aun para los propietarios, la compraventa de inmuebles es una transacción prohibida. Otros contratos como la donación y la permuta —que pueden enmascarar la venta— están sometidos a estrictos controles y restricciones, sin contar que las personas que deciden establecer residencia permanente en otro país, junto con el destierro son premiados con el despojo automático de sus residencias. Los ciudadanos que en los últimos años han recibido la autorización oficial para rentar habitaciones a turistas extranjeros son víctimas de astronómicos impuestos confiscatorios.