No sólo la posesión y la disponibilidad, sino la convivencia, es meticulosamente regulada. Para residir legalmente en una vivienda, aun con el consentimiento del propietario, hay que registrarse en un control vecinal de naturaleza parapolicial. Según esta reglamentación, hay muchas personas viviendo "ilegalmente" en su casa materna. La ley establece cuántos metros cuadrados necesita cada nuevo conviviente para oficializar la permanencia, espacio vital que no se cumple ni remotamente en las viviendas construidas por el Estado.

Un amigo europeo llegó a un enclave industrial del interior del país siguiendo la pista a las viviendas que un sindicato de su país había ayudado a construir con un fuerte financiamiento y profundo espíritu solidario. El visitante fue sorprendido por el testimonio de los beneficiados, que le aseguraron que para obtener y mantener el derecho a las mencionadas casas es necesario demostrar fidelidad política al gobierno y laboral a la empresa.

Una casa y varias generaciones

El desolador cuadro motiva la grave secuela de hacinamiento, promiscuidad y el consiguiente desquiciamiento de la convivencia y la estabilidad familiar. En muchos hogares cubanos coinciden hasta cinco generaciones compartiendo penurias y estrechez.

Las víctimas de la estrechez, las penurias, el deterioro y las restricciones son, sin embargo, los privilegiados de esta historia, porque al menos tienen un techo. Aun con el bajo índice de natalidad de los últimos años —los cubanos en edad fértil son fácilmente disuadidos de tener descendencia por la realidad socioeconómica y lo piensan mucho antes de traer otro ser al mundo— y el significativo éxodo de personas jóvenes que padecemos, hay un creciente número de cubanos sin hogar.

La muy pobre capacidad constructiva del Estado, ese monopolio sobre la construcción y distribución de las viviendas, que ha limitado en extremo la participación de la sociedad e incluso de los poderes locales en este importante renglón, unido al número —bien oculto pero creciente— de derrumbes parciales o totales y a la afectación que los huracanes de los últimos años han ocasionado en varias regiones del país, son la causa acumulativa del deterioro generalizado del fondo habitacional y el creciente déficit de viviendas que cunde por todo el país.

Las capacidades de albergue temporal —para muchos núcleos de familias eternizado— se han agotado. Incluso las posadas —los populares moteles que sirven de espacio tradicional a los eventuales encuentros amorosos— han sido ocupadas por muchas familias que de momento carecen de viviendas y esperanzas.

Para colmo de males, como parte del ya habitual proceso de otorgamiento a los extranjeros de espacios, privilegios y potestades que sistemáticamente se niegan a los cubanos, el gobierno ha impulsado en los últimos años una serie de inversiones destinadas a construir viviendas confortables y lujosas, a las que los nacionales no tienen acceso, en una especie de apartheidinmobiliario que desconoce un derecho y hiere muchas sensibilidades.

A lo largo de más de cuatro décadas, el problema de la vivienda se ha hecho más grande y profundo. Pero ahora no basta con una simple rebaja de tarifas para enfrentarlo, porque ni siquiera las personas que cuentan con recursos económicos tienen la posibilidad legal de rentar un lugar para vivir.

Como hace cincuenta años, existen hoy en Cuba suficiente piedra y brazos para enfrentar la agobiante necesidad de viviendas, lo que falta es la voluntad política de las autoridades para poner los intereses de la sociedad y las necesidades de sus ciudadanos por encima de sus afanes de control total, y abrir los caminos a la solución gradual, pero definitiva, de una crisis de honda repercusión económica y humana.

Por lo pronto, ya no se ven en las puertas de los hogares cubanos las vetustas placas con la inscripción "Fidel, esta es tu casa". ¿Será que lo que se sabe no se comenta?