El gobierno cubano ha extendido al mercado negro su intensa campaña contra el narcotráfico. A los detenidos por actividades como la fabricación clandestina y rústica de bebida, pasta de tomate, artículos de piel, dulces caseros, entre otros productos, se les han confiscado sus bienes personales, de acuerdo con lo establecido en el decreto ley 232, aprobado el pasado 21 de enero.

La campaña se realiza con el apoyo de las llamadas organizaciones de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba y los Comités de Defensa de la Revolución, dirigidas por el gobierno, y ha recibido cobertura en los medios de prensa oficialista de la Isla. La televisión ha mostrado inusuales imágenes de los operativos en las que aparecen hombres esposados contra la pared, relató la agencia Notimex.

A los bienes confiscados —vehículos, computadoras, equipos de audio, refrigeradores, viviendas— "se les dará un destino más útil desde el punto de vista económico y social, en el más breve plazo", han dicho las autoridades.

La Habana da el calificativo de corruptas a una amplia gama de actividades desligadas del control centralizado de la economía, que van desde la elaboración casera de alimentos hasta el alquiler de películas a domicilio y, en muchos casos, son una alternativa ineludible a la escasa oferta estatal.

Los funcionarios gubernamentales señalan que los artículos que se comercializan en el mercado negro son o se fabrican con recursos robados al Estado, lo que perjudica la distribución racionada, según Notimex.

Los datos oficiales dicen que el salario medio de un cubano es de 262 pesos mensuales, apenas 10 dólares al mes.

Algunos productos como artículos de aseo, ropa, zapatos y electrodomésticos, sólo se ofertan de forma continua en las llamadas Tiendas de Recaudación de Divisas del Estado, donde la moneda nacional no tiene valor.

"Los salarios no se ajustan en general al costo de la vida. Los profesionales, empleados y obreros que no reciben ayuda económica de familiares o amigos que viven en el extranjero se ven forzados a realizar algún tipo de actividad laboral legal o ilegal simultánea a su trabajo, que les reporte algún beneficio económico", señaló el cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino en una reciente Carta Pastoral.

"¿Por qué no se puede dar un mayor margen de participación a la iniciativa personal y familiar de forma legal y aún favorecer de modo conveniente la laboriosidad y la creatividad de nuestro pueblo en la agricultura, en las artes manuales, en servicios, en trabajos de diversa índole, incluso asociándose varios legalmente para ganar dignamente su sustento?", preguntó.

Diplomáticos europeos y latinoamericanos acreditados en La Habana, citados por Notimex, plantean interrogantes similares sobre el empeño oficial por mantener bajo control las más insignificantes actividades privadas.