La Internacional Socialista expresó su "enorme preocupación" por el encarcelamiento masivo de disidentes en Cuba y llamó a las autoridades de la Isla a liberar "cuanto antes a todos aquellos que han sido arrestados".
"Cuba se ha comprometido formalmente en numerosas ocasiones, incluyendo en las Cumbres de jefes de Estado y de gobierno de la región, a respetar derechos internacionalmente reconocidos tales como los de libre expresión, asociación y reunión", recordó la organización mundial e instó al gobierno de La Habana "a cumplir estos compromisos y garantizarle a todos los ciudadanos cubanos el pleno goce de estos derechos y libertades fundamentales".
El pasado 18 de marzo, el gobierno de Fidel Castro inició una campaña de detenciones que ha llevado a la cárcel a 76 opositores, entre los que se encuentran activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas e incluso bibliotecarios independientes.
Las autoridades acusan a los disidentes de implicación en supuestas actividades conspirativas del jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, y han prometido aplicar con todo rigor sus leyes contra quienes consideran "traidores al servicio de una potencia extranjera".
Los opositores serán juzgados bajo la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba —popularmente conocida como "Ley Mordaza"—, que fue aprobada en 1999 y aún no ha sido aplicada. Los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
Los arrestos se realizaron en aparatosas operaciones policiales que incluyeron intensos registros y confiscaciones de documentos, libros y material de trabajo de la disidencia, y han recibido numerosas críticas internacionales.
La Unión Europea y el Parlamento Europeo condenaron la semana pasada la campaña represiva del gobierno cubano y advirtieron que continuarán vigilando las "violaciones de los derechos fundamentales políticos y civiles", lo que influirá "en las relaciones con Cuba".
También han manifestado su rechazo los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la organización Human Right Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Internacional Demócrata Cristiana, y el ex presidente estadounidense y Premio Nobel de la Paz de 2002, Jimmy Carter, entre otros.
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