AFP/ La Habana. Familiares de los tres hombres fusilados en Cuba, reaccionaban el viernes ante lo que consideraron una desmedida respuesta gubernamental al secuestro de una lancha el pasado 2 de abril.

Ramona Copeyo, madre de Lorenzo Enrique Copeyo.

Ramona Copeyo, madre de Lorenzo Enrique Copeyo, uno de los fusilados, dijo a la prensa que "ninguno" de los secuestradores merecía morir. "La pena es demasiado exagerada". A Fidel Castro "se le fue la mano".

"No tengo confianza en el comandante ya. Nunca he hecho nada de contrarrevolución, soy una ciudadana normal, siempre lo amé porque a mí nunca me hizo daño, pero ahora sí me lo hizo".

Copeyo trabajaba como sereno en un centro sanitario de La Habana y, según su madre, deseaba salir del país para no enfrentar una condena de cuatro años de prisión por "peligrosidad".

"Si mi hijo hubiera matado a alguien o hubiera tirado a alguien al agua, yo no iba a estar de acuerdo con eso, pero él no hizo nada de eso (...) debía ser castigado, pero con la cárcel, no con la muerte", añadió.

Ocho hombres, en complicidad con tres mujeres, secuestraron con una pistola y armas blancas el pasado 2 de abril una lancha de pasajeros de ruta interna en la Bahía de La Habana.

Después de casi 40 horas, las autoridades frustraron el secuestro, detuvieron a sus autores y los llevaron a juicios "sumarísimos".

Tres de los secuestradores fueron condenados a muerte y ejecutados en la madrugada del viernes, cuatro condenados a cadena perpetua y uno a 30 años de prisión. Las tres mujeres cómplices fueron castigadas con cinco, cuatro y dos años de prisión.

Vecinos de Centro Habana dijeron a la prensa que los familiares de Bárbaro Leodán Sevilla, otro de los ejecutados, recibieron airadamente la noticia, y salieron a la calle a protestar.

La Policía acordonó la calle donde vivía Sevilla, y en horas del mediodía reinaba una tensa calma en el lugar, según constató un periodista de la AFP.

El Comité permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba rechazó las ejecuciones. "Nadie tiene derecho a poner en peligro la vida de otras personas, como hicieron los asaltantes, pero, del mismo modo, nadie debe decidir que la muerte sea inferida a otras personas como remedio a sus acciones delictivas", indicaron los religiosos en una nota.

Esta decisión resulta más comprometida, "máxime cuando esto se hace en un proceso sumarísimo. La violencia no elimina la violencia. Es necesario erradicar las causas de la misma, y esto no se logra por la aplicación de la pena de muerte", indicaron.

Por su parte, el activista de derechos humanos Elizardo Sánchez expresó su "absoluta consternación y rechazo a esta decisión de los tribunales y el gobierno de Cuba, porque en ningún caso se justifica la pena de muerte". Es un lamentable retroceso respecto de la moratoria de facto que existía desde el 28 de abril de 2000, agregó.