Vecinos del barrio de Santa Fe salieron a la calle el viernes para protestar por el desalojo de una familia, informó la AP.

La policía vigila a vecinos de la familia Machado que protestan por el desalojo.

"Abajo el desalojo", gritaba un centenar de personas contenidas por la policía frente a la casa, mientras los empleados de la Dirección de la Vivienda subían los muebles a camiones. Para el operativo, destinado a expulsar a una mujer, sus cuatro hijos, la esposa de uno de estos y dos niños pequeños, se presentaron en el lugar una docena de carros patrulleros.

"Uno de mis hijos que vive en Rusia me mandó un dinerito con el que hicimos esta casa de dos cuartos. Un basurero era lo que había acá", dijo a la AP Hilda Machado.

La familia comenzó a construir la casa sin la autorización municipal requerida por las leyes cubanas, y por eso la Dirección de Vivienda los multó con 800 pesos cubanos; no obstante, les permitió seguir con la edificación.

Ahora, Vivienda ordenó a la familia entregar la casa y regresar a su antiguo cuarto, ubicado a unas tres cuadras del lugar, donde la mujer y casi otras 20 personas vivían amontonadas, según explicó la familia.

"¿Por qué esperaron a que estuviera lista, terminada, con todo lo que pudimos ponerle para quitárnosla? Nos mienten, a mí me educaron con la consigna de que en Cuba no había desalojo", dijo Yanet Machado, hija de la propietaria.

"Ellos son buenos vecinos. Siempre cumplen con todas las actividades, son gente decente. Pero no podemos hacer nada para detener esto", afirmó Maritza Delgado, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, una de las llamadas "organizaciones de masas", dedicada a la supervisión política y económica bajo control del gobierno.

"No voy a declarar nada", dijo una funcionaria pública que tampoco quiso proporcionar su nombre y daba órdenes de continuar con el operativo.

Desde el inicio de la revolución, en 1959, las autoridades declararon que se había terminado con la práctica del desalojo, sobre todo cuando había niños y la familia era humilde.

Sin embargo, en los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre la aplicación de esta práctica por parte del gobierno, que la inscribe dentro de una "campaña" contra la ilegalidad.