Sectores del exilio cubano en Miami consideraron "severa", no fundada en pruebas o producto de "presión política" la sentencia de ocho años de prisión dictada el martes en Panamá contra Luis Posada Carriles. Mientras, el gobierno de Fidel Castro calificó de "insuficiente" el castigo, informó la AFP.

Posada Carriles, de 76 años, fue encontrado culpable de atentar "contra la seguridad colectiva" y falsificar documentos. El jurado panameño que lo procesó condenó también a ocho años al cubano Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo (69 años), y a siete a sus compatriotas Guillermo Novo Sampoll (61), Pedro Crispín Remón (60) y César Matamoros Chacón (63).

El grupo fue detenido en noviembre de 2000, durante la X Cumbre Iberoamericana de Panamá, horas después de que Fidel Castro le acusara ante la prensa de un complot para matarle.

La policía incautó explosivos al grupo, sin embargo, el detonador nunca fue encontrado, por lo que la Fiscalía panameña descartó el cargo de intento de asesinato. El juez Hoo Justiniani, encargado del caso, declaró también la nulidad de las acusaciones de asociación ilícita para delinquir y posesión de explosivos, que encaraban los procesados.

La cancillería cubana publicó el miércoles una declaración en el diario oficialista Granma en la que considera que "si bien la responsabilidad de todos los acusados en este proceso ha sido plenamente probada y los terroristas fueron declarados culpables de algunos de los delitos que se les imputaron, las penas impuestas no se corresponden con la gravedad de los hechos que cometieran en la República de Panamá".

El gobierno cubano dice que "le llama poderosamente la atención el hecho de que el juez actuante haya decidido (…) que se declarara 'la nulidad de los llamamientos a juicio por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Posesión de Explosivos'".

La cancillería añadió que, con ello, se frustró "la posibilidad de que los terroristas fueran sancionados por los delitos más graves", que La Habana considera "plenamente probados durante el proceso".

"De ello ha resultado que las penas impuestas a los terroristas sean a todas luces insuficientes", dice el texto de la declaración.

Las autoridades de la Isla responsabilizan a Posada Carriles de decenas de atentados contra intereses cubanos y, en particular, de la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1976, hecho en el que murieron 73 personas.

La Habana ha solicitado a Panamá en varias ocasiones la extradición de Posada Carriles, pero el gobierno de Mireya Moscoso se ha negado alegando que el Código Penal cubano contempla la aplicación de la pena de muerte.

Organizaciones del exilio cubano en Miami han considerado que las sentencias dictadas contra Posada Carriles y los otros cuatro procesados son el resultado de "mucha presión política".

Ninoska Pérez Castellón, directora del Consejo para la libertad de Cuba (CLC), dijo que el juez "no reconoció la posesión de explosivos", por lo que "no hay pruebas".

La sentencia de ocho años fue calificada de "severa" por Camila Ruiz, miembro de la directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), quien también insistió en la "ausencia de pruebas" en el caso.

"Esperamos que (Posada Carriles) salga en libertad por tiempo cumplido" de cárcel, añadió,  en alusión a los cuatro años que el cubano ha pasado ya en prisión.