Según González, al recibir la nota, Rosa le dijo que "va a ponerla en manos expertas para que sea estudiada y que oportunamente, lo más rápido que él pueda, nos dará la respuesta al respecto, ya que la presentación de la próxima resolución será entre julio y agosto".

El diplomático dijo que en Guantánamo "hay 600 prisioneros, de más de 40 nacionalidades que hablan 17 idiomas, que están privados allí de recibir visitas familiares, de que se les haga juicio justo para definir si son o no terroristas".

"Si fueran terroristas (La Habana abogaría por) que se les sancionara como la ley manda, y si no son terroristas, que sean liberados, que tuvieran el derecho a la defensa".

El embajador cubano dijo que los supuestos terroristas "están dentro de territorio cubano, que es administrado por Estados Unidos, allí la temperatura anda entre 35 y 42 grados (centígrados), con un sol fuerte y (con instalaciones) con el techo de zinc".

"Me parece que estas personas están como en una cámara de tortura", agregó.

Añadió que la cadena norteamericana de televisión CNN aseveró que los hombres son sometidos a interrogatorios de hasta 15 horas, para tratar de obtener alguna información importante y de inteligencia.

"Creo que cualquier información que pudieran obtener (los norteamericanos) para evitar un acto terrorista es lícita, pero en más de dos años y medio qué información reciente y válida pueden obtener", cuestionó.

El gobierno cubano dijo que la iniciativa sobre los derechos humanos en Cuba, presentada por Honduras en Ginebra, fue el resultado de la presión estadounidense.

La resolución aprobada en Ginebra pidió a La Habana aceptar la visita de la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la jurista francesa Christine Chanet, y colaborar con su trabajo.

Además, lamentó la represión lanzada por el gobierno cubano en marzo de 2003 contra la disidencia interna de la Isla. En abril de ese año, tras juicios sumarios celebrados a puertas cerradas, 75 opositores pacíficos fueron condenados a penas de hasta 28 años de cárcel.

Los disidentes fueron enviados a cumplir sentencia en prisiones alejadas de sus hogares. Desde los primeros meses, sus familiares denunciaron los castigos y las condiciones "infrahumanas" a que han sido sometidos y los abusos cometidos por los carceleros.