Miembros del exilio, disidentes y corresponsales extranjeros en La Habana consideraron esta semana que el gobierno cubano ha aprovechado el reciente endurecimiento del embargo de Washington como pretexto para aumentar sus entradas de divisas y realizar una limpieza anticorrupción.

Algunas versiones de prensa llamaron la atención sobre el creciente desabastecimiento que en los últimos meses era evidente en un las llamadas tiendas de recaudación de divisas de la Isla.

La Habana anunció el lunes el cierre temporal de esos establecimientos, excepto aquellos dedicados a alimentos y artículos de aseo. Además, avisó de una subida de precios de los productos y del combustible en divisas, que presentó como una respuesta inevitable a las medidas anunciadas por Washington la semana pasada.

El anuncio gubernamental provocó la incertidumbre entre la población y una avalancha de compradores que acudieron a las tiendas a intentar acaparar productos antes de que los precios suban. El martes muchos de los comercios amanecieron con carteles en los que podía leerse "Cerrado por Inventario".

"El gobierno decidió aprovechar la coyuntura para encarecer los precios y con eso capta más dólares", dijo el ex director de Radio Martí, Ernesto Betancourt, en declaraciones citadas por El Nuevo Herald.

A juicio de Betancourt, el gobierno se estaría enfrentando a una disminución en la entrada de divisas que dificultaría su capacidad de comerciar con el exterior.

"Ellos se han dado cuenta de que no pueden asumir algunos de sus pagos en el exterior, como es el caso de las compras a Estados Unidos, y necesitan recaudar más dinero", añadió.

Las medidas de endurecimiento del embargo fueron recomendadas a Washington por la Comisión de Ayuda para una Cuba Libre, creada por el presidente estadounidense George W. Bush en octubre de 2003 y encabezada por el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell.

La Casa Blanca respaldó un aumento de los fondos destinados al apoyo a la disidencia interna cubana y del presupuesto para garantizar que lleguen a Cuba las transmisiones de Radio y Televisión Martí. También, la disminución de los viajes que los cubanoamericanos realizan a la Isla y de la cantidad de dinero que pueden gastar durante sus visitas.

La Comisión había recomendado además la reducción de las remesas que los cubanos residentes en Estados Unidos envían a sus familiares en la Isla. Washington desechó esta medida, aunque sí limitó las categorías de familiares que pueden recibir dinero.

La Habana calificó las disposiciones de "brutales" y, junto a sus contramedidas, vaticinó la llegada de "días de trabajo y sacrificio".

"La población está aturdida, porque no conoce la versión del documento por parte de Washington, sino que depende de la propaganda del gobierno", señaló el disidente Elizardo Sánchez Santacruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

Sánchez Santacruz, quien también criticó las decisiones de la Casa Blanca, dijo que las autoridades de la Isla han lanzado "una campaña de propaganda política y manipulación" frente "a la situación de crisis, de agravamiento económico estos últimos años".