El Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa (GRSC), que se dedica a denunciar las condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores en Cuba, hizo público esta semana un documento en el que critica el comportamiento "poco ético" de las empresas extranjeras con inversiones en la Isla.

El Grupo, constituido en Madrid el pasado mes de abril está integrado por distintos sindicatos independientes de Europa, Estados Unidos y América Latina, y por organizaciones internacionales sin ánimo de lucro.

En el documento, dado a conocer tras la celebración en La Habana de la Feria Internacional de Turismo, afirma que los trabajadores cubanos de empresas extranjeras sufren privación de derechos sindicales y laborales, y que hay un clima "de general incumplimiento y violación de las normas internacionales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos", informó Europa Press.

En su declaración, el GRSC insta a las compañías inversoras, entre las que cita a la cadena hotelera Sol Meliá, a realizar inversiones "socialmente éticas y responsables".

Asimismo, recuerda que los derechos laborales de los trabajadores "son universales e inalienables" y no pueden verse limitados o anulados por condicionamientos políticos o de ningún otro género.

Considerando que la responsabilidad social de las empresas es "una obligación universal", el Grupo denuncia la actuación de las empresas inversoras en Cuba que, valiéndose de la "nula libertad sindical existente en la Isla y amparadas por la propia legislación cubana, someten a los trabajadores cubanos a condiciones laborales abusivas que en ningún caso serían permitidas en sus países de origen".

El manifiesto recuerda que en Cuba "no existe libertad sindical y el gobierno viola reiteradamente los principales convenios firmados con la OIT, mientras prohíbe la creación y el desarrollo de los sindicatos independientes".

"El derecho a la huelga no está reconocido", señala. Por el contrario, una Ley de 1995 estipula que los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en empresas extranjeras sólo pueden ser contratados a través de una agencia empleadora del Estado, y ésta paga a los empleados una cifra inferior en la desvalorizada moneda cubana, reteniéndoles hasta un 98% de sus salarios.

En estas condiciones, las entidades españolas con inversiones en Cuba "se aprovechan de la legislación local para llevar a cabo prácticas empresariales abusivas que en su país de origen se considerarían ilícitas o faltas de ética, y que en ningún caso tendrían cabida en la normativa aprobada por los gobiernos democráticos", dice el GRSC.

En 2004 existían en Cuba 364 empresas vinculadas a la inversión extranjera, procedentes de unos 60 países. En opinión del GRSC, y teniendo en cuenta las regulaciones internacionales, los inversores y sus accionistas "se han convertido en cómplices de los abusos, la discriminación y las violaciones de las leyes internacionales en materia laboral" que se producen en Cuba.

Por ello, el Grupo insta a los empresarios españoles a que, en el marco de los derechos laborales y sindicales recogidos en los acuerdos de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia legislación española, "cumplan las leyes y lleven a cabo inversiones socialmente responsables".

También, pide a la sociedad española que "conozca y denuncie la situación de discriminación permanente vivida por los trabajadores cubanos".

Entre los firmantes del documento se encuentran asociaciones, organizaciones y ONG cubanas, españolas, estadounidenses, holandesas y venezolanas, creadoras del Grupo por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.