Decretado por el presidente Bush el ultimátum unilateral a Sadam Hussein, y cuando todas las miradas del planeta se dirigían hacia Oriente Próximo, al estallar la guerra, Fidel Castro reclamó su parcela de protagonismo y decretó una redada masiva contra la disidencia interna.

Raúl Rivero, entre las decenas de detenidos la pasada semana por el Gobierno cubano.

Un grupo de compatriotas —más de 70 según los últimos informes—, culpables de ejercer el periodismo independiente, de abogar por los derechos humanos y de proponer otras opciones de gobierno, culpables, en suma, de desacuerdo, han sido encarcelados sin las menores garantías. Sus casas han sido saqueadas, y sobre ellos pesa la "Ley Mordaza", que amenaza, hasta con veinte años de prisión, a todo aquel que manifieste públicamente otra opinión que no sea la del socialismo eterno en versión cubana.

No hay dudas de que esta operación, meticulosamente escalonada, ha sido diseñada desde hace mucho. Sólo esperaban por la oportunidad para ejecutarla consiguiendo la mayor dosis de intimidación interna, y el menor costo político internacional. Sus primeros barruntos se remontan a la intervención de FC en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 6 de marzo, cuando acusó a James Cason, jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, de injerencismo. La razón era que el señor Cason, entre sus múltiples contactos con la oposición interna, se había reunido el pasado 24 de febrero—fecha en que se conmemora el Grito de Baire y el derribo de los pilotos de Hermanos al Rescate— con un grupo de disidentes, y allí había comentado el miedo del Gobierno cubano a la libertad de opinión y conciencia, algo calificado por el mandatario como "grosería de guapetón con inmunidad diplomática". FC amenazó entonces con cerrar la Oficina de Intereses, "incubadora de contrarrevolucionarios y puesto de mando de las acciones subversivas más groseras contra nuestro país", de la que Cuba "puede prescindir tranquilamente". No tardaría en llegar la consabida mesa redonda televisiva para "desenmascarar" las actividades de la Oficina de Intereses y poner en la picota a los disidentes que son, en realidad, el objetivo de la operación.

Por último, en la nota oficial del día 18 de marzo, se anuncia la limitación de movimientos del Sr. Cason en el territorio cubano, "en reciprocidad con las medidas adoptadas últimamente por ellos contra nuestro personal diplomático en Washington", apostillando que "ningún país (...) tiene derecho a convertir su representación diplomática en organizadora, financista, jefa y cuartel general de actividades para desestabilizar, subvertir el orden constitucional, violar las leyes, conspirar contra el desarrollo social, sabotear las relaciones económicas, amenazar la seguridad y destruir la independencia de otro país". Esto parece un retrato de la actividad del Gobierno cubano durante decenios en América Latina. La misma nota dice que la disidencia tiene como objetivo "apoyar la criminal política [de Estados Unidos] contra nuestra Patria, calumniar, justificar el bloqueo, la asfixia económica y el aislamiento de nuestro pueblo", lo cual equivale a "traición al servicio de una potencia extranjera". Una burda patraña de cara al público doméstico, dado que nadie mejor que el Gobierno cubano conoce que la inmensa mayoría de la disidencia se ha pronunciado contra el embargo. Pero era el prólogo imprescindible para anunciar la detención de "varias decenas de personas". Cifra imprecisa que podría engrosarse en las próximas horas.