Felipe Pérez Roque lo ha dicho claramente en Ginebra: "Ningún país del mundo tiene autoridad moral para juzgar a Cuba en materia de derechos humanos". De manera que, según el canciller cubano, en este mundo hipócrita e injusto, en el que todos los países sufren la violación de derechos

Ginebra. Ministro de Exteriores ruso Ivanov; Pérez Roque.

humanos, es imposible crear organismos internacionales que garanticen el cumplimiento de un conjunto de normas universales en materia de libertades públicas. Al encarar esa supuesta hipocresía, La Habana no hace más que dar rienda suelta a su arraigado cinismo: si nadie puede juzgar a nadie, entonces vivamos en la impunidad.

Es cierto que en todos los países del planeta, en mayor o menor medida, se violan los derechos humanos. En Estados Unidos y Europa hay prostitución infantil, abusos de autoridad a todos los niveles del gobierno y control de los medios de comunicación. En América Latina, Asia y África, existe violencia doméstica, cacicazgos autoritarios y persecución de opositores. Pero en muy pocos países del mundo la ausencia de derechos civiles y políticos elementales, como la libertad de asociación o de prensa, es un principio constitucional y una garantía de estabilidad del gobierno. Cuba es uno de esos pocos países del mundo que asumen la violación de los derechos humanos como una política de Estado.

Esta peculiaridad del régimen cubano justifica cualquier presión diplomática, a través de legítimos organismos internacionales, que intente persuadir a Fidel Castro de que conceda mayores libertades públicas a la ciudadanía de la Isla. La resolución presentada en días pasados a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, por Perú, Costa Rica y Uruguay, es, en este sentido, un gesto ejemplar, que únicamente se propone exhortar al Gobierno cubano a que acepte la visita de la representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Christine Chanet, y colabore con ella, a fin de avanzar en el mejoramiento de la situación de los derechos humanos.

El tono persuasivo y cordial de estas resoluciones contrasta con la furia verbal que cada año La Habana destina a combatirlas. Esta vez, la membresía de la Comisión, con Libia a la cabeza, favorece a Estados autoritarios que, como el cubano, persisten en contraponer a la filosofía de los derechos humanos una doctrina de la impunidad internacional, basada en la supuesta jerarquía de los derechos sociales sobre los derechos civiles y políticos. Según estos gobiernos, lo importante es que los pueblos tengan acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo, y no que se expresen o se asocien libremente, ya que al ejercer esas garantías individuales "dan argumentos" al enemigo: el "imperialismo yanqui".

El gobierno de Fidel Castro espera que este año la resolución no alcance la mayoría de votos, y salir ileso en Ginebra. Pero su impunidad es tan temeraria que, una semana antes de la votación, ha desatado la más violenta represión política de los últimos diez años en Cuba. En tres días, la policía política cubana arrestó a más de 80 opositores pacíficos, los cuales serán procesados de acuerdo con la Ley 88 de 1999, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel por delitos de conciencia. Usando la guerra de Irak como cortina y la creciente impopularidad de Estados Unidos en el mundo como escudo, Fidel Castro, al igual que George W. Bush, lanza su propio desafío a la ONU: reta a este organismo, que ha sido desconocido por Washington y se encuentra en el peor momento de su historia, a que se atreva a condenarlo.

Una vez más, el gobierno de Fidel Castro confirma su naturaleza represiva y totalitaria. En tanto némesis global de Estados Unidos, el régimen se atribuye la función de desenmascarar la hipocresía de un mundo controlado por Washington. Por ese camino, sus acciones van minando la posibilidad de consolidar instituciones internacionales que impidan, a la vez, el unilateralismo de las grandes potencias democráticas y la impunidad de los pequeños Estados autoritarios. Esa función exterior, en el caso del gobierno de Fidel Castro, corresponde a otra no menos importante en el orden doméstico: la aniquilación de cualquier alternativa opositora, por muy pacífica o constitucional que sea, con el eterno pretexto de que se trata de una acción enemiga, concebida y financiada por Estados Unidos.