El martes 18 de marzo comenzó la operación represiva más meticulosa, cronometrada e intensa que jamás haya sufrido la oposición pacífica en Cuba. La izquierda socialdemócrata cubana condena en términos claros y firmes estos hechos.

Decenas de valiosos y valerosos activistas civiles, políticos y de derechos humanos han sido detenidos, en muchos casos después de registradas sus casas y confiscadas numerosas pertenencias y equipos de trabajo con los que desempeñaban su labor por la democracia y los derechos humanos. La izquierda socialdemócrata cubana se solidariza con estos pacíficos luchadores y sus familiares.

Estas detenciones siguen a la redoblada campaña de descrédito que las autoridades cubanas han venido desplegando en todos los medios de comunicación contra los luchadores pro-democracia, como parte de sus refinados dispositivos intimidatorios, con los que pretenden infundir pavor entre los ciudadanos y desalentar cualquier contestación y protesta frente al régimen. Técnicas que acompañan el permanente acoso al que se ven sometidos numerosos activistas en sus hogares, centros de trabajo y comunidades de residencia, con el propósito pertinaz de destruir moral y sicológicamente a quienes intentan ofrecer opciones alternativas de convivencia humana, social y política. Incluso, valiosos y valerosos intelectuales no escapan a estas campañas de acoso y aislamiento.

Todo esto coincide con la escalada represiva que, detrás del necesario y tardío combate a las drogas, el gobierno cubano desata contra la economía de resistencia a la que recurren cada vez más, y obligadamente, sectores mayoritarios de la población cubana en todo el país.

Esta secuencia de hechos, documentada en todos los registros policiales del país y testimoniable tanto por el gobierno como por los ciudadanos, contrasta dramáticamente con el reciente discurso del canciller cubano en la apertura del 59 Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En él, luego del ofrecimiento de cooperación de parte del gobierno cubano para el éxito en las labores de la Comisión, se advierte sobre "el peligro" de que la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierta "en letra muerta precisamente cuando se cumplirán 55 años de su proclamación"; y se reitera "la necesidad de otorgar igual importancia tanto a la defensa de los derechos civiles y políticos como a la promoción de los siempre postergados derechos económicos, sociales y culturales".