Familiares de disidentes encarcelados, organizaciones opositoras y los propios presos políticos han realizado en los últimos días múltiples denuncias sobre represalias de las autoridades carcelarias, empeoramiento de las condiciones de reclusión y del estado de salud de los prisioneros.

La mayoría de las denuncias están relacionadas con miembros del grupo de 75 disidentes que el gobierno cubano envió a prisión en abril pasado, sentenciados a penas de hasta 28 años de privación de libertad.

Yolanda Huerga, esposa del periodista independiente Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años, responsabilizó el jueves al gobierno de Fidel Castro por la salud del detenido, quien está en huelga de hambre desde hace 12 días, informó AFP.

"Los responsabilizo a ustedes por la integridad física de mi esposo, quien debido a las condiciones infrahumanas, crueles y degradantes a las que ha sido sometido, ha tenido que recurrir a la huelga de hambre para que sean oídas sus demandas", señaló Huerga en cartas remitidas al ministro del Interior y al fiscal general de la República.

Vázquez Portal está confinado en un centro penitenciario de Santiago de Cuba, a más de 800 kilómetros de su residencia; permanece "en una celda de aislamiento minúscula, poblada de insectos y alimañas, donde falta el agua frecuentemente y la alimentación es pésima e insuficiente".

Huerga reclama a la Fiscalía General que se preocupe por la suerte de los prisioneros y verifique las condiciones en que están recluidos.

Los familiares de siete presos políticos que realizaron una huelga de hambre en la Prisión Provincial de Holguín han conseguido poca o ninguna información sobre la suerte de sus allegados.

Tres de ellos, Mario Enrique Mayo Hernández, Ángel Moya Acosta y Antonio Ramón Díaz Sánchez, fueron trasladados a otras prisiones. El resto de los participantes en la protesta —Adolfo Fernández Saínz, Iván Hernández Carrillo, Alfredo Domínguez Batista y Arnaldo Ramos Lauzurique— fueron enviados a otras compañías dentro de la misma cárcel.

Tras la huelga, sólo Mayo Hernández ha podido hablar telefónicamente con sus familiares y a Díaz Sánchez se le permitió la visita de su esposa, pero ambos tuvieron prohibido referirse a la situación del resto de los presos.

"La incomunicación existente entre nosotros en estos momentos no es casual", opinó Joana Fernández, hija de Fernández Saínz. "Es una forma de diluir el interés general que despertó la huelga, pues en estos momentos nadie sabe cómo, cuándo y bajo qué circunstancias terminó todo", explicó.

"Las agencias de prensa y las organizaciones internacionales, así como los familiares, estamos igualmente ajenos a la situación y, para cuando volvamos a saber de ellos, ya habrá pasado mucho tiempo en términos noticiosos".

"Por otra parte, es una forma de castigar nuestro comportamiento y el de ellos", concluyó.

Hernández Carrillo cumple una sentencia de 25 años; Mayo Hernández, Díaz Sánchez y Moya Acosta, están condenados a 20 años; Ramos Lauzurique, a 18; Fernández Saínz, a 15; y Domínguez Batista, a 14.

El Partido Por la Democracia Pedro Luis Boitel informó sobre el inicio de una nueva huelga de hambre protagonizada por presos políticos en la prisión de Kilo 5 y medio, de Pinar del Río.

La protesta se habría iniciado el 11 de noviembre y en ella participan José Daniel Ferrer García, Arturo Pérez de Alejo Rodríguez, Leonel Grave de Peralta y Diosdado González Marrero.

"Nos preocupa mucho la situación de ellos, sabemos que la integridad física de ellos corre peligro, los riesgos son grandes y sabemos todo lo que conlleva una huelga de hambre. Consideramos que la vida de ellos peligra, por lo que le pedimos a todos los presidentes democráticos, al mundo, al exilio, que continúen abogando porque estos hermanos sean pronto liberados", dijo la organización.