La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) exigió el martes la "liberación inmediata e incondicional" de los diez opositores condenados el lunes en Cuba, entre ellos el abogado ciego Juan Carlos González Leyva.

"Los disidentes fueron condenados en base a sus creencias políticas y a sus actividades no violentas", afirmó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de HRW.

"Nunca tenían que haber sido juzgados", añadió en el comunicado difundido en Nueva York.

"El juicio y la condena de estos diez disidentes muestra que los activistas políticos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos siguen siendo injustamente castigados en Cuba", concluyó.

Después de haber pasado 26 meses en la cárcel esperando ser llevado a juicio, González Leyva fue condenado a cuatro años de prisión y cumplirá el tiempo que le resta de sentencia en su domicilio. Otros ocho opositores recibieron penas de hasta tres años y medio de cárcel. El décimo, Virgilio Mantilla Arango, fue condenado a siete años en total, tres de los cuales pertenecen a una nueva causa abierta en su contra por su actitud contestataria en prisión.

Uno de los condenados a tres años y seis meses, Lexter Téllez, fue presentado en el juicio como un agente infiltrado de la Seguridad del Estado, pero se retractó públicamente "diciendo que había servido a una causa inútil e injusta", dijo un comunicado de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA).

La organización de exilados cubanos, con sede en Miami, consideró que González Leyva no merece "un sólo" día de la condena, y destacó que, gracias a la "presión internacional", el "régimen se vio forzado a enviarlo a prisión domiciliaria".

En su comunicado, la FNCA citó declaraciones de González Leyva. El disidente habría afirmado en conversación telefónica que su condena es "inmerecida" y que el "resultado final", su envío a prisión domiciliaria, se debe "a la situación internacional que enfrenta el gobierno cubano, y la reciente condena en Ginebra".

El 15 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que lamentó la represión de opositores al régimen de Fidel Castro.