En conferencia de prensa el pasado 9 de abril, el canciller de Cuba, Sr. Felipe Pérez Roque, ofreció por primera vez información sobre los juicios sumarísimos a 75 pacíficos activistas de derechos humanos, periodistas, economistas independientes y opositores, efectuados del 3 al 7 de abril.

Canciller Felipe Pérez Roque.

Las detenciones comenzaron el 18 de marzo. 20 días después, el canciller manifestó que todos los acusados conocieron con anticipación los cargos, tuvieron derecho a nombrar abogados y ser escuchados en los juicios. Nada de eso. Los procedimientos se efectuaron con pocas horas de anticipación. La petición fiscal fue entregada a los acusados en los lugares de internamiento, y pudieron darla a los familiares en las visitas previamente programadas. Por tanto, apenas contaron con tiempo suficiente para nombrar los abogados. Esos defensores debieron estudiarse los sumarios y prepararse precipitadamente, lo que no permitió, en la mayoría de los casos, poder visitar a los acusados en las prisiones. Pudieron conversar con ellos únicamente unos minutos antes de iniciarse los juicios. Evidentemente, la premura imposibilitó presentar testigos de la defensa. Sin embargo, los fiscales contaron con más de 10 días para preparar sus acusaciones.

Cada juicio duró entre 6 y 18 horas. Aproximadamente dos días después, las sentencias fueron entregadas a los familiares en los Tribunales Provinciales, y no a los acusados personalmente en la Corte. La mayoría de las declaraciones de los inculpados fueron desestimadas, según consta en esos documentos.

El ministro señaló que las vistas habían sido públicas y que el promedio de participantes era de 100 personas por juicio. Sí, las salas estaban llenas de desconocidos convocados por el Gobierno, previsiblemente miembros de los Comités de Defensa de la Revolución, el Partido Comunista, la Seguridad del Estado y otros. A las amistades y vecinos de los prisioneros no se les permitió entrar. En cuanto a los familiares, fueron limitados.

Al hijo mayor de Pedro Pablo Álvarez se le impidió el acceso, así como a dos sobrinas de Oscar Espinosa Chepe. Ellos permanecieron en las aceras de los tribunales respectivos, alejados por los agentes de la Seguridad del Estado y la policía.

Los testigos de la fiscalía resultaron, por lo general, personas que identificaban con dificultad a los acusados. Sus inculpaciones fueron insustanciales. Algunos decían, por ejemplo, haber visto a los acusados conversando con congresistas, senadores y otras personalidades norteamericanas, pero no habían escuchado lo hablado o no entendían el inglés. La mayoría de los acusados tampoco dominan ese idioma. De tal suerte que ellos se expresaban en cubano castizo y, en no pocas ocasiones, personalmente traduje las conversaciones.