Bastaría con repasar la prensa de la época para conocer que al triunfar la revolución de 1959, no sólo las masas desposeídas del campo respaldaron las prometidas transformaciones, fueron muchos los recursos materiales y financieros que los hacendados y ganaderos aportaron a la reforma agraria, convencidos de que esta garantizaría la estabilidad y equilibrio que necesitaba el campo cubano, sobre la base del respeto al derecho a la propiedad.

Voluntarismo, improvisaciones, presiones…

Contradiciendo el precedente sentado por la Ley No. 3 de la Sierra Maestra, que en 1958 repartió tierras a los campesinos de las "zonas liberadas" por el Ejército Rebelde, pero sin afectar los intereses de los propietarios allí asentados, las leyes de reforma agraria de 1959 y 1963 concentraron el 85% de la superficie cultivable en manos del Estado, con la expectativa de que esto redundaría en la creciente eficiencia económica y el bienestar sociomaterial de los pobladores del campo.

En realidad, la historia es conocida: la reforma agraria cumplió el doble cometido de privar de base económica a los sectores proclives a oponerse al nuevo montaje totalitario y poner bajo dominio estatal la fuente de riqueza del país, lo cual aseguraba el control de la vida y destino de todos los cubanos.

A lo largo de estos años hemos vivido una larga zaga de improvisaciones, voluntarismos y fallidos experimentos, que agotaron en lo fundamental las potencialidades del agro cubano, proceso que tuvo su punto paradigmático en el fracaso de la zafra de 1970, después de "quemar" enorme cantidad de recursos materiales y humanos.

El eslogan que presidió el proceso de colectivización que se fomentó desde mediados de la década del setenta prometía avanzar hacia formas superiores de producción, pero este nuevo experimento sólo redundó en mayores controles políticos y estancamientos productivos. En efecto, algunos campesinos son propietarios nominales, pero deben someterse a los leoninos tutelajes y condicionamientos estatales que les impiden disponer libremente de sus recursos y producciones.

En el momento en que se perdieron las subvenciones y ventajas que aportaba la relación artificial e interesada con el extinto bloque del Este, el gobierno de Castro, en lugar de liberalizar la producción agropecuaria imprimió más voluntarismo, improvisaciones y presiones administrativas, que han provocado la descapitalización de la agricultura, la liquidación y desmontaje de la industria azucarera, el desabastecimiento alimentario y las graves repercusiones sociales del monto inaccesible de los precios de los mercados agropecuarios.

El final de la historia es también conocido, La Habana es incapaz de vender y de autoabastecerse, al punto que depende de las compras al "enemigo tradicional" para mantener el precario abastecimiento de renglones básicos que podrían producirse en el país.