El segundo al mando en el gobierno chavista opina lo mismo que el CNE. Hace unos pocos días, el vicepresidente ejecutivo José Vicente Rancel le pidió a la Fiscalía General que iniciara una investigación penal sobre la organización Súmate, por su participación en el "Firmazo". Demasiada coincidencia, dicen los venezolanos.

Aunque esperada, la negativa del órgano electoral conmocionó a la sociedad civil, que hasta último momento aguardó porque el fallo respetara el derecho de los más de tres millones de firmantes. El CNE rechazó la solicitud, sin siquiera abrir una de las cajas que contienen las rúbricas.

La decisión del consejo electoral se ha prestado a muchas interpretaciones. Algunos analistas consideran que primaron los formalismos legales, por encima de la voluntad popular. En 1999, al inicio del mandato de Hugo Chávez, se realizaron dos referendos con la finalidad de modificar la Constitución, y ni siquiera se recogieron firmas. El órgano electoral pasó por alto este requisito y convocó las consultas de inmediato.

Otros, más suspicaces, creen que el director del órgano electoral terminó sucumbiendo a las presiones de Chávez, quien repitió hasta la saciedad que las firmas eran "chimbas", ilegales, pues habían sido copiadas de registros bancarios. Nunca aportó pruebas que sustentaran esa grave acusación. Si las hubiera tenido, nadie duda que las hubiera presentado en cuanto foro nacional o extranjero participara.

Lo cierto es que Chávez le tiene pánico a esas firmas. Un golpista consumado, que siempre ha pensado que la única manera de tumbar a un presidente es con rifles y ametralladoras; ahora está aterrado porque millones de firmas podrían ser más devastadoras para su gobierno que un golpe de Estado.

En intimidantes discursos, el líder bolivariano reiteró que si el CNE declaraba válidas las firmas perdería toda credibilidad. Para reforzar sus amenazas mantuvo a las violentas huestes chavistas rodeando durante varios días la sede del organismo electoral. En son de guerra gritaban su rechazo al revocatorio, y lanzaban improperios contra la oposición y los medios de comunicación privados.

Aunque la oposición venezolana perdió la primera batalla, confía en que al final ganará la pelea del revocatorio. El CNE prometió que en fecha inmediata serían emitidas las normas que regirán las consultas electorales. La sociedad civil está esperando que se fijen estas reglas para, de nuevo, volcarse a recoger firmas. De manera tentativa la recolección de firmas tendría lugar el 5 de octubre próximo, en un evento denominado el "Reafirmazo".

De acuerdo con varias firmas encuestadoras, el 94 por ciento de los venezolanos que firmaron el 2 de febrero pasado, avalando un referéndum revocatorio presidencial, lo volverían a hacer. Mientras que el 43 por ciento de las personas que no estamparon su rúbrica en aquella oportunidad, estarían dispuestos a hacerlo, en caso de que se efectúe un segundo "Firmazo".

Como la crisis que desgarra a Venezuela empeora por días, el más elemental sentido común indica que ahora serían más los que apoyarían la celebración de una consulta popular. Los sondeos de opinión indican que el 82 por ciento de las personas, incluyendo chavistas, desean un referéndum revocatorio, porque saben que es la única manera de acabar por la vía pacífica con el conflicto que agobia a todos los que viven aquí.

Los ojos de los venezolanos están puestos en el Consejo Nacional Electoral. Si desconoce el mandato popular y no tiene lugar un referéndum revocatorio, la revolución bolivariana se despojará de las pocas vestiduras democráticas que le quedan, y dará la cara como una dictadura, semejante a la cubana. La sociedad civil se empeñará en recuperar los espacios, en una lucha que nadie sabe cuánto podría durar. Al final, no habrá ganadores, porque Venezuela lo habrá perdido casi todo.