Cuando se creía que Augusto Pinochet, de 88 años, iba a abandonar tranquilamente este mundo sin pagar por la represión que encabezó, los acontecimientos le tuercen el camino, en los que muchos quisieran sus días postreros.
Tanto la prensa oficialista como de derecha dedican extenso espacio a la noticia que hace unos días impactó a la opinión pública chilena: Pinochet mantuvo cuentas secretas —entre 4 y 8 millones de dólares y desde 1994 a 2002— en el banco norteamericano Riggs, de añejas y sospechosas peripecias en el orbe diplomático de Washington.
Una comisión investigadora del Senado estadounidense dio a conocer los fondos del ex dictador, mientras indagaba en el Riggs lavado de dinero y temas ligados al terrorismo. Detrás del secreto se escondían alteración del nombre en cuentas de Pinochet y transacciones a título de empresas fantasmas. Era lógico que el entramado chileno, con sensibilidad de sismógrafo en lo que toca a Pinochet, sufriera un remezón.
Al parecer, el otrora Comandante en Jefe del Ejército tendrá que responder por más de un cargo, de acuerdo con las informaciones divulgadas. En primer lugar, debería probar la procedencia de cifras sobre las que todos sus salarios juntos no alcanzan ni a acercarse, y en segundo estaría obligado a dejar claro que pagó impuestos antes de la salida de las cuentas de Chile o cuando regresaron, parcialmente, en forma de 38 cheques personales de 50.000 dólares cada uno.
Hasta ahora, los voceros del ex mandatario sólo han balbuceado algunas excusas.
Para cuando la pesquisa senatorial culmine se efectuarían los procedimientos para saber dónde se encuentra actualmente el dinero, y ello, a su vez, conduciría a detallar los caudales que el ex dictador ha logrado mantener en penumbras ante los ojos de la ley.
Aunque las autoridades en La Moneda se han mostrado cautelosas al opinar sobre el caso, para Clara Szczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, los hechos tendrían interés penal, fundados en la figura legal denominada "extracción ilegal de fondos públicos".
Como hipótesis, por otra parte, habría de responder tanto a la justicia chilena como a la norteamericana. En torno a esta última, la responsabilidad de ratificar el delito correspondería al Departamento de Justicia. En entrevista al diario santiaguino La Tercera, un colaborador del senador republicano Norm Coleman, miembro de la comisión, afirma que las pruebas del contubernio Riggs-Pinochet acabarán en el despacho de John Ashcroft, fiscal general de Estados Unidos.
Tampoco se duda que desde España el célebre juez Baltasar Garzón meta baza en el escándalo, pues éste emitió una orden internacional para que sus cuentas fueran congeladas, lo que obligó a Pinochet a trasladar dinero del Reino Unido, donde se hallaba en prisión domiciliaria, a Estados Unidos. El Riggs guardó celosamente la maniobra.
Si es verdad que la prensa de derecha le escamotea apoyo abierto al general en retiro, también es cierto que olvida los famosos "pinocheques", delito que descansa inconcluso en lo que a justicia se refiere y que inundó, más que salpicó, a la familia de don Augusto. |
