Los nombramientos del ex primer ministro de Portugal, José Manuel Durao Barroso, como presidente de la Comisión Europea, y del español Javier Solana como ministro de Relaciones Exteriores de los 25 países que ahora componen la Unión Europea, no representan noticias agradables para el régimen cubano.

Durao Barroso, nuevo presidente de la Comisión Europea.

Ambos no entran en funciones hasta el 1 de noviembre, porque todavía resulta necesaria la ratificación del Parlamento Europeo.

Antes de la ola represiva de 2003, las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Cuba se encontraban en una fase de acercamiento. El ingreso de la Isla en el organismo ACP (Grupo África, Caribe, Pacífico), en principio aceptado por el régimen cubano, abriría las puertas para negociaciones económicas y comerciales que habrían resultado beneficiosas, si el gobierno de La Habana hubiese tenido en cuenta los intereses de su propio pueblo y la necesidad de integración en un mundo globalizado.

Para el régimen cubano, aceptar el Pacto de Cotonou (documento base del grupo ACP), también entrañaba compromisos en el respeto a la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos. Esas fueron las verdaderas razones para la retirada de la candidatura cubana.

Mientras todo este proceso andaba su curso, llegaron entonces los juicios sumarios contra los 75 disidentes pacíficos que formaban parte de la incipiente sociedad civil cubana, que la UE trata de alentar. Para colmo, se produjo también el fusilamiento de tres jóvenes, después de un intento incruento para secuestrar una lancha de pasajeros.

La redada emprendida el 18 de marzo, las condenas en juicios sumarios a 1.454 años de cárcel a periodistas, activistas de derechos humanos y economistas, representaron una sonora bofetada para los que, en el seno de la UE, abogaban por una normalización de relaciones con el régimen cubano.

La verticalidad de Barroso

La Unión Europea respondió el 5 de junio de 2003 con una resolución que establece reducir las visitas bilaterales, limitar la participación en acontecimientos culturales, e invitar a disidentes a las fiestas nacionales. En lo que se refiere a esta última medida, el entonces embajador de Portugal en La Habana, Alfredo Duarte, rompió la tendencia iniciada por los diplomáticos europeos, que ya solían invitar a los disidentes a sus fiestas nacionales.

En la fiesta de Portugal del 10 de junio de 2003, el embajador Duarte convocó dos celebraciones: una a la que asistieron altos cargos del gobierno cubano y varios embajadores, incluidos algunos de la UE. Al día siguiente, una nueva fiesta, con la invitación a algunos disidentes y diplomáticos europeos. Esta actitud de Duarte, según círculos diplomáticos lusos, no fue orientada desde Lisboa por el gobierno de Durao Barroso; se debió exclusivamente a sus afinidades personales con dirigentes del régimen cubano.

Poco después, Duarte fue designado como embajador en un país africano. En la fiesta nacional de este año, su sucesor, Mario Godinho, invitó a los disidentes. Lógicamente, no aparecieron los altos cargos del régimen cubano, aunque resultó sintomático que respondiera a la invitación uno de los hijos del gobernante cubano, el médico Antonio Castro.

El entonces primer ministro portugués y hoy presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, no deseaba que surgieran dudas acerca de que Lisboa podría adoptar una postura diferente, flexible y dialogante, frente al régimen de La Habana, contradictoria de la posición consensual de la UE.

Esta fue una perspectiva consecuente de Barroso, que incluso se remonta a septiembre de 1999, cuando las tropas indonesias cometían atropellos y asesinatos en Timor Oriental. En ese entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el envío a esa antigua colonia lusa (hoy país independiente) de una fuerza internacional para imponer el orden.