El 6 de diciembre de 2004, el presidente venezolano Hugo Chávez anunció: "Vamos a promulgar hoy la ley para frenar el terrorismo mediático, que atropella libertades, para empezar a democratizar los medios de comunicación secuestrados por una oligarquía que ya apoyó golpes de Estado, fascismo y terrorismo (…) Medio que se ponga aquí al servicio del golpismo, al servicio de los intereses apátridas, será suspendido".

Presidente venezolano Hugo Chávez, durante su programa de televisión 'Aló Presidente'.

La noche siguiente se promulgó la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, que busca "el equilibrio democrático" entre los deberes, derechos e intereses de los prestadores públicos y privados del servicio de difusión de "toda imagen o sonido", los anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios (Artículo 1).

El sentido de la adecuación

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) refrenda la potestad gubernativa de legislar sobre y administrar el espectro radioeléctrico (Artículo 156.28). El jurisperito Gregorio Badeni (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) aclara que las regulaciones son aceptables dentro del ámbito técnico de las transmisiones, pero nunca si "se extienden a sus contenidos" (La libertad de prensa y la ley, 1999).

En el Reino Unido, por ejemplo, "la libertad de prensa descansa sobre el principio general del Estado de Derecho [y la prensa] posee la misma libertad que los particulares para hacer o decir lo que gusten, con la condición de no violar la ley" (La prensa británica, 1970).

Venezuela prefirió dictar una ley específica de radio y televisión, que recalca su propio carácter de orden público como guía preferente para interpretarla y aplicarla (Artículo 2). Así la plenitud del derecho no radica ya donde señaló el catedrático español Gregorio Peces-Barba: "que los tribunales de justicia acojan las pretensiones" apoyadas en él (Derechos fundamentales, 1973).

Al parecer, los códigos civil y penal venezolanos no fijaban el orden público adecuado para la libertad de prensa potenciada por la tecnología electrónica. La ley especial recompone aquel orden y "consolidaría" esta libertad por medio de la responsabilidad social. Mas en las relaciones entre prestadores del servicio y usuarios, si dos o más normas regulan la misma situación, o concurren dos o más interpretaciones de la misma regla, se escoge la norma o interpretación más favorable a los usuarios (Artículo 2). Tal prerrogativa se torna filosa, porque los usuarios podrán organizar grupos de al menos veinte personas, con facultad de dirigir quejas y solicitudes a los prestadores del servicio, así como de "promover y defender los derechos e intereses comunicacionales, de forma individual, colectiva o difusa ante las instancias administrativas" (Artículo 12).

En Venezuela hay por lo menos 40 canales de televisión, 350 emisoras de radio comerciales y 140 medios comunitarios. Puesto que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) no montará servicios de monitoreo, el cumplimiento de la ley queda cifrado en la supervisión por organizaciones de usuarios. El contexto sociopolítico sugiere que velarán por la legalidad en los medios contrarios al gobierno.

Así como el propio Chávez esgrimió ya la ley para amedrentarlos, la presión de las organizaciones de usuarios puede inferirse de "la noche de los cristales rotos" (diciembre 9-10 de 2002), cuando grupos chavistas asediaron las televisoras Venevisión, RCTV, Globovisión, Televén y Meridiano TV, en Caracas, para acusarlas de "terroristas", exigirles "digan la verdad" y pedir "que les cierren". Ante la violencia contra los canales TRT (San Cristóbal), TVS (Maracay) y Globovisión Zulia (Maracaibo), el ministro del Interior y Justicia aclaró: "Esta noche, el pueblo está en la calle para defender sus valores".