Se desmorona lo que restaba del imperio soviético: de Georgia a Uzbekistán. Las tres revoluciones pacíficas que en apenas 18 meses han acabado con los regímenes dictatoriales de Georgia, Ucrania y Kirguizistán amenazan ahora con hacer saltar por los aires los gobiernos de las vecinas repúblicas centroasiáticas, apoyados por Moscú tras la desintegración de la Unión Soviética.

Víctimas de la represión en Uzbekistán.

Los acontecimientos en Uzbekistán, con el saldo de más de 500 muertos, muestran que las explosiones de descontento no cesan y que la Comunidad de Estados Independientes (CEI), formada después de la desintegración de la URSS, no pasó de plantear promesas reformistas y mantuvo en el poder a viejos dirigentes comunistas.

La facilidad con la que cayó el régimen de Askar Akayev, en Kirguizistán, hace que los déspotas que dirigen las vecinas repúblicas ex soviéticas de Asia Central teman por su futuro, y no les falta razón.

Con más de 60 millones de habitantes, las cinco repúblicas del Kurdistán, nombre histórico que recibía esa región, atraen el interés de Rusia y Estados Unidos. Sus recursos naturales —petróleo y gas natural—, su población mayoritariamente musulmana y su proximidad a Afganistán, primer productor de opio del mundo y foco de tensión militar, hacen de Asia Central un lugar de máximo interés estratégico para Washington y Moscú.

Ni Estados Unidos ni Rusia han exigido a los gobernantes de esas repúblicas una democratización que dé libertades a sus ciudadanos, que les permita elegir limpiamente a sus líderes y mejorar un nivel de vida, por lo general paupérrimo; lo que hace pensar que la revolución popular que acabó con el déspota en Kirguizistán, se repita en estos otros países.

El caso de Uzbekistán es emblemático de estas contradicciones, y de cómo los dictadores juegan con el fantasma del integrismo islámico para justificar la represión y mantenerse en el poder.

El eterno jefe Karimov

El presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, es un dictador de viejo cuño, pasa por ser un hombre duro habituado a ejercer su autoridad sin miramientos, pero aceptó negociaciones con los insurrectos islamistas para buscar una solución a la crisis en Andiján. Varios miles de ciudadanos tomaron las calles de esa gran ciudad, del fértil valle de Ferganá, después de que comandos muy resueltos ocuparan edificios públicos, se hicieran con armas en un cuartel y, sobre todo, liberaran a cerca de 2.000 presos de la prisión local de seguridad, en la que estaban los 23 comerciantes acusados de financiar el movimiento islamista.

El número de bajas no está claro, pero se cifra en más de 500 muertos y cerca de 2.000 heridos, según diversas fuentes. El gobierno, perspicazmente, se limitó a cortar los enlaces que permitían a CNN y otras cadenas informar en directo de lo que sucedía. Karimov, en vez de refugiarse en su palacio y pedir a las fuerzas de seguridad que se ocuparan de la rebelión —como hizo Askar Akaev, su colega del Kirguizistán—, optó por la vía política y tomó el camino de Andiján. Pero no lo tiene nada fácil, pues la rebelión se extendió a la ciudad de Karasu, que es una localidad compartida entre Uzbekistán y Kirguizistán.