www.cubaencuentro.com Martes, 15 de abril de 2003

 
   
 
La Audiencia española envía una querella contra Chávez al Tribunal Penal Internacional
El presidente venezolano y varios de sus colaboradores están acusados de terrorismo y crímenes contra la humanidad.
 

La Audiencia Nacional de España rechazó el lunes una demanda contra el presidente venezolano Hugo Chávez y 23 de sus colaboradores, y remitió el asunto al Tribunal Penal Internacional (TPI).

El juez Fernando Andreu rechazó el caso por considerar que la jurisdicción española no es competente para enjuiciar a un jefe de Estado extranjero en funciones, informó la AP.

La querella contra Chávez fue presentada en enero pasado por abogados que representan a españoles y venezolanos fallecidos en incidentes de violencia ocurridos en Venezuela, en abril de 2002.

El presidente, varios de sus ministros, generales y diputados venezolanos son acusados de terrorismo y crímenes contra la humanidad.

Fuentes judiciales dijeron que casos similares contra el fallecido rey marroquí Hassan II, Fidel Castro y el gobernante de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, han sido rechazados en años recientes, por cuanto se trataba también de gobernantes en activo.

La parte acusadora presentó la demanda en Madrid por no confiar en el sistema judicial venezolano, controlado por el gobierno de Chávez, y porque las leyes españolas permiten presentar acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad aunque no hayan sido cometidos en su territorio, según se explicó.

La Audiencia Nacional de España ha considerado que es el recién inaugurado Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, el que debe investigar los hechos, informó el diario El País.

Según el juez Andreu, la inmunidad de los jefes de Estado suele mantenerse cuando los procesos se llevan a cabo en tribunales de justicia nacionales, incluso en casos de crímenes de guerra o contra la humanidad.

La creación del TPI intenta precisamente eliminar esos espacios de impunidad, aunque el organismo sólo puede juzgar a acusados de países firmantes de su Estatuto, crímenes cometidos en suelo de países miembros, o denuncias presentadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Tanto España como Venezuela han ratificado el Estatuto del TPI.

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