Grupos opositores venezolanos denunciaron en Caracas el despido de casi 8.000 empleados públicos que firmaron a favor de un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, informó EFE.

El gobierno ha negado los despidos políticos, y el director de Concertación del Ministerio del Trabajo, Oscar García, calificó la denuncia opositora en ese sentido como "una manipulación que busca desestabilizar el país".

García manifestó que "si se llegaran a producir despidos (de la administración pública) por motivos políticos, cualquiera sea la tendencia, el Ministerio del Trabajo les restituirá sus puestos a los afectados y ordenará los respectivos reenganches", según informó la agencia estatal de noticias Venpres.

Miles de empleados del sector público que se sumaron a la petición contra Chávez han sido amenazados, acosados o simplemente despedidos para forzarlos a retirar su apoyo al referendo, según los sindicatos, indicó Reuters.

Las cifras opositoras son difíciles de corroborar, pero los testimonios de empleados públicos muestran que al menos algunos han sido perseguidos por firmar la petición de referendo.

Entrevistas con funcionarios ministeriales, empleados de empresas estatales y de gobiernos municipales mostraron un patrón de transferencias, despidos y acoso después de que sus nombres aparecieron en la petición pública contra el militar retirado.

En la movilización del fin de semana contra los despidos participaron representantes de la central sindical Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y también de los empleados petroleros cesados tras la huelga de 63 días, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que intentó forzar la renuncia de Chávez.

En su alocución televisiva de este domingo, el mandatario venezolano mandó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a "freír monos" por sugerir que sean reenganchados los trabajadores petroleros despedidos después del paro.