El Congreso Nacional de Bolivia dio un espaldarazo al presidente, Carlos Mesa, al aprobar una ley que da legalidad al referendo del 18 de julio, en el que los bolivianos decidirán el destino de las reservas de gas, informó la AP.

La convocatoria es considerada una dura prueba política para el gobierno de Mesa. Los sindicatos amenazan con boicotear la consulta.

Según Reuters, el pleno de diputados y senadores aprobó en una sesión extraordinaria, luego de casi ocho horas de debate, un artículo transitorio que validó la convocatoria como parte de una Ley Marco del Referendo.

El referendo fue incorporado este año a la Constitución boliviana como mecanismo democrático de participación directa.

Pero Mesa lo convocó en abril mediante un decreto ejecutivo para definir el futuro comercial del gas, principal riqueza natural de la empobrecida nación, y establecer los lineamientos de una nueva política energética.

La convocatoria desató una amplia polémica sobre la necesidad del respaldo legal, que finalmente otorgó el Congreso por mayoría simple de los legisladores presentes.

Mesa, un gobernante independiente cuyo gobierno no dispone de sustento parlamentario, contó esta vez con el apoyo de divididos sectores de los principales partidos considerados adversarios del presidente.

Entre ellos, destacó el respaldo de miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera el diputado indígena y líder cocalero Evo Morales.

La votación legislativa fue el primer escollo de una crítica fase que enfrenta Mesa a menos de dos semanas del referendo.

Sectores sindicales y campesinos, que su gobierno califica de "radicales" y "antidemocráticos", anunciaron el boicot de la consulta en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la ruptura con las empresas multinacionales que los explotan y comercializan bajo 78 contratos suscritos desde 1996.

Los opositores al referendo anunciaron para el 18 de julio, entre otras medidas, el bloqueo de caminos, la toma de locales de votación y el incendio de notarías electorales.

Mesa, de 50 años, defiende el referendo como el principal compromiso de la llamada "agenda de octubre" que asumió al convertirse en presidente, cuando una revuelta popular forzó la renuncia de Sánchez de Lozada.

Las protestas, originadas en el rechazo a un proyecto de exportación de gas a través de un puerto de Chile, desembocaron el año pasado en violencia callejera con un saldo de 70 muertos y unos 200 heridos.

Mesa ha sostenido en más de una ocasión que en el referendo sobre el gas estará en juego no sólo su gobierno, sino el destino del país.