La fractura del espacio público cubano es uno de los problemas nacionales más importantes. La existencia de dos comunidades diferentes en términos de su composición social, ideología, raza y contexto de vida en la Isla y la emigración, puede ser lo mismo un beneficio que una desgracia. Afortunadamente, en los últimos tiempos los actores sociales, desde las familias y los intelectuales hasta las comunidades religiosas, se han adelantado a las elites políticas en el clamor por la reconciliación nacional y una cultura de entendimiento. Las intransigencias de derecha e izquierda, ancladas en el pasado, han logrado retrasar, mas no detener, el natural proceso de convergencia de las nuevas generaciones, ya despojadas de los agravios de antaño. Si Cuba logra estructurar adecuadamente esos reencuentros, las posibilidades de inserción exitosa en un mundo globalizado se multiplicarán.

Las instituciones y las regulaciones migratorias determinan la existencia de un marco propicio para el acercamiento o la hostilidad. En las relaciones entre Cuba y los cubanos residentes en el exterior ha predominado la última. Desde el momento en que la persona quiere viajar fuera de la Isla comienza su calvario. El potencial viajero tiene que abonar onerosas cantidades en dólares, moneda en la que no percibe su salario, y estar expuesto a toda clase de limitantes en función de su profesión, edad, posición política o criterio arbitrario que a su respecto tengan los dirigentes de los CDR o su trabajo. Si se trata de una emigración definitiva, el asunto llega a ser más ultrajante, pues a pesar de que las autoridades desde 1994 catalogan a la emigración como "económica" siguen aplicando criterios políticos para la confiscación de las propiedades del emigrante, incluyendo su casa.

Una vez en el exterior, el cubano es sometido al pago de abusivos permisos de estancia fuera del país, y limitantes al periodo de viaje. Jóvenes que viajan por propia iniciativa a realizar estudios son sometidos a tales vejámenes, sin importar el positivo efecto de su educación para el desarrollo del país. Tamaños insultos complementan la cancelación del derecho automático de retorno temporal o definitivo que asiste al nacional de cualquier país en virtud de una costumbre internacional consagrada por la practica de los Estados y la fortísima opinio juris expresada en el artículo 13 de la Declaración Universal y otros instrumentos legales de Derechos Humanos, de los cuales Cuba es signataria.

Por otra parte, en los Estados Unidos, el cubano es sometido a absurdas regulaciones sobre el número de veces que puede visitar su patria o la cantidad de dinero que legalmente puede enviar a sus seres queridos. Tales agresiones a los valores familiares se complementan con una cultura de asedio que condena e incluso castiga a los que viajan a la Isla, o apenas quieren asistir a un concierto de músicos que residen allí. Aquellos que, enunciando la democratización como objetivo, comienzan por prohibir los viajes a la Isla y abrazan medios antidemocráticos y violentos para tal fin, hacen a Cuba un flaco favor. Es sintomática la animadversión compartida de los extremistas de derecha e izquierda al diálogo y la comunicación.

Las libertades de movimiento son un tema central de la política cubana cuya reivindicación arrojaría importantes beneficios para la nación. El anuncio de la posible eliminación de los lamentables permisos de entrada al país como parte de la ahora pospuesta tercera conferencia de la nación y la emigración reavivó la esperanza en muchos sectores que procuran conservar el vínculo con su patria, la sociedad cubana y sus familiares. El original rumor —después desmentido por Ricardo Alarcón— sobre la correspondiente eliminación de los permisos de salida, había provocado un júbilo mayor.