A pesar de la hecatombe, los gastos en defensa no han dejado de ejecutarse. En su última sesión ordinaria, realizada en diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el incremento de "los recursos necesarios" para mantener la "capacidad defensiva" del país.

Chanet, igualmente, demuestra una ingenuidad olímpica al dar como cierto en su informe que hay "mejoras" en lo relativo a los derechos civiles y políticos, registradas en el ejercicio de la libertad religiosa después de la visita de Juan Pablo II. ¿Cómo llegó la experta a esas conclusiones, si la propia jerarquía católica cubana ha denunciado que nada ha cambiado en sus reivindicaciones históricas y que hay que saber diferenciar entre libertad de culto y libertad religiosa?

Uno de los asuntos más controvertidos del documento elaborado por la ONU, expresa que la visita del ex presidente norteamericano James Carter "propició un debate público" sobre la democracia y los derechos humanos en Cuba, sin mencionar que después de aquellos minutos de gloria en televisión —de la boca de un extranjero, y no de un cubano—, se precipitaron tormentas de marchas, tribunas y reformas constitucionales para eternizar el socialismo.

Otro socorrido argumento para intentar buscarle explicaciones a las jornadas represivas de 2003 en la Isla, ha vuelto a ser el embargo económico de Estados Unidos. Aunque consideramos que las sanciones comerciales carecen de sentido, tanto por su ineficacia, en el caso que nos ocupa, como por ser éticamente reprobables, ¿cómo puede achacársele a la decisión unilateral norteamericana de no comerciar con Cuba la causa expresa de la represión castrista? Eso dice el informe, además de señalar que las restricciones "privan" a los cubanos del acceso a medicinas y alimentos.

Todo indica que para la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, no representa nada el dato que afirma que Estados Unidos se ha convertido en el primer suministrador de alimentos a la Isla, para lo cual el gobierno cubano ha invertido hasta la fecha más de 700 millones de dólares.

Es sencillamente inaceptable que la presunta actitud defensiva de las autoridades ante el embargo ("reacción", en palabras de Chanet) esté influyendo en el déficit de derechos civiles del pueblo cubano. ¿Qué culpa tiene el embargo de que no se permita la libre empresa, de que haya una presión fiscal encaminada a liquidar la iniciativa individual o de que no haya plátanos en el mercado?

Podrían enumerarse otras peligrosas ingenuidades del documento. Sin embargo, quizás, el punto extremo del desastre es el reconocimiento de que el gobierno cubano "ha cooperado" con instituciones o funcionarios de la ONU, entre ellos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, cuando en el propio informe se denuncia que el 26 de junio de 2003 las autoridades hicieron saber al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que no reconocían el mandato de Christine Chanet.

A juzgar por la "cooperación", el resultado es conmovedor: los 75 opositores y periodistas condenados aún se mantienen en las cárceles, incluso en peores condiciones que las que tenían cuando ingresaron en ellas.