En este mismo número de Correo de Cuba fueron entrevistados varios cubanos residentes en Miami. Uno de ellos, Andrés Gómez, coordinador nacional en Estados Unidos de la Brigada Antonio Maceo, además de abogar porque los controles migratorios en Cuba se tornen más ágiles, declaró que lleva a cabo una intensa campaña en Estados Unidos "a favor del levantamiento del bloqueo estadounidense contra nuestra nación, y por la liberación de los cinco cubanos presos en cárceles norteamericanas desde 1998…".

Cubanos presos en EE UU por espiar.

Más adelante, el propio Gómez señaló: "La Conferencia en sí nos dará la posibilidad de aunar esfuerzos para llevar a cabo trabajos que hay que realizar en Estados Unidos a favor del cese del bloqueo, el fin de una política de agresión permanente contra Cuba y la libertad de los cinco". Asimismo, Xiomara Almaguer, fundadora de la Liga de Defensa Cubano Americana, se pronunció también en contra del embargo y a favor de la liberación de los cinco espías presos en Estados Unidos.

Tratando de seguir la lógica asimétrica de estos acontecimientos, podría resumirse que los cubano-americanos sí pueden sostener reuniones con el jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington y en el MINREX de la capital cubana, con el fin de organizar una reunión relativa a la emigración. Propósito éste muy coherente, si tenemos en cuenta la enorme comunidad cubana residente en ese país. Se podría argumentar que estos cubano-americanos, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no se reúnen con el representante cubano allá, o con Ricardo Alarcón de Quesada en La Habana, para conspirar contra el gobierno norteamericano.

Sin embargo, los referidos representantes del exilio admiten que uno de los objetivos declarados de esos contactos es oponerse al embargo —Ley Federal, aprobada por ambas cámaras y de estricto cumplimiento por todos sus ciudadanos— dentro de Estados Unidos, así como abogar por la liberación de cinco cubanos presos en ese país, convictos de realizar labores de espionaje a favor del gobierno de Fidel Castro.

Resulta absolutamente normal que en un Estado democrático como el norteamericano, los ciudadanos expresen públicamente su desacuerdo sobre cualquier asunto relativo a la sociedad en que viven, sin que por ello sean perseguidos, ni estén sujetos a ningún proceso criminal. De ahí que La Habana se aproveche cínicamente de las libertades civiles existentes en el "Imperio" al que tanto critica, para por medio de tales grupos de exiliados hacer campaña política en Estados Unidos contra el embargo y a favor de la libertad de los espías.

La cara intolerante y represiva la representa, por tanto, la Cuba de Castro. Allí las reuniones y contactos de la disidencia cubana con los representantes diplomáticos acreditados en la Isla, en particular con los funcionarios de la Sección de Intereses de Washington en La Habana, "son constitutivos de un delito CONTRA LA INDEPENDENCIA O LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL ESTADO, previsto y sancionado en el artículo 91 del Código Penal y en el artículo 18, apartados 1 y 2, inciso a) del Código Penal".

Tales contactos se realizan actualmente con el objetivo de ayudar, tanto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como a las que apoyan la libertad de opinión, en su propósito de propiciar una apertura que rompa el hermético monopolio informativo que detenta el gobierno y establecer las bases de una emergente sociedad civil. Incluso, la mayoría de esos grupos y de sus dirigentes, hoy encarcelados, se oponen igualmente al mantenimiento del embargo norteamericano.

No obstante, el gobierno consideró que los costes por tolerar la actividad de la oposición organizada, serían mayores que los de una intensa represión, de modo que la reunión auspiciada por James Cason con un grupo representativo de la disidencia interna, le sirvió de pretexto al poder para asestarle un fuerte golpe a ésta.

Valdría la pena que este grupo de exiliados cubano-americanos se dieran cuenta de la manipulación de la que son objeto por el gobierno de la Isla: abogan humillantemente por la supresión de las restricciones para viajar normalmente a su país de origen y por la liberación de cinco espías —juzgados con todos los requerimientos legales y procesales inherentes a un Estado de derecho—, cuando quizás deberían cuestionarse seria y profundamente por qué razón sus propios compatriotas de la Isla son acusados de subversión interna y condenados a interminables condenas en juicios carentes de toda ética jurídica por reunirse con el representante norteamericano en La Habana y practicar los mismos derechos que ellos profesan libremente en Estados Unidos.

La ardua labor cívica llevada a cabo por estos periodistas independientes —González Alfonso y Rivero—, así como por otros activistas de los derechos humanos, en un contexto que prohíbe terminantemente el ejercicio de derechos civiles y políticos, tiene como fin prioritario exponer una valoración objetiva sobre el estado actual de la sociedad cubana, de forma que se escuchen voces discrepantes con respecto a la del poder.

Tal objetivo, por otra parte, no tendría ningún sentido si ese discurso no consigue ser captado por el cubano común, que constituye la pieza clave de cualquier transformación democrática que se lleve a cabo en el futuro. En definitiva, mientras el gobierno amordace las voces contestatarias provenientes del interior de la Isla y censure las del exilio, privilegiando exclusivamente a aquellas que le son afines en ambas orillas, el conflicto cubano persistirá.