www.cubaencuentro.com Domingo, 02 de enero de 2005

 
  Parte 2/2
 
El dilema de la transición
Devolución de propiedades confiscadas: ¿Qué hacer para generar cuanto antes riqueza y bienestar?
por MIGUEL FERNáNDEZ-DíAZ, Miami
 

Carga pesada

El argumento de que la propiedad estatal socialista pertenece a "todo el pueblo" y, por tanto, cada cual tendría derecho a su parte cuando se privatice, se torna insostenible cuando se vende al mejor postor y el importe se aplica al pago de las viejas deudas o al financiamiento de nuevas inversiones en beneficio de "todo el pueblo". Tampoco sería racional atenerse al pasaporte del inversor, antes que a las ventajas que traería en ganancia y empleos, aporte tributario y buenas prácticas.

Al parecer hay consenso en asegurar la libertad de empresa y fomentar la iniciativa privada, mas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) precisarán incentivos fiscales, créditos blandos y otros apoyos del Estado democrático, que deberá afrontar también las consecuencias del paternalismo del Estado totalitario.

Los cubanos dentro de la Isla están acostumbrados a recibir gratis, o a muy bajo precio, tanto educación y atenciones de salud, como servicios de cuidado a niños, ancianos y minusválidos. Aunque la calidad suele ser baja, el acceso igualitario crea la ilusión de amparo, que envuelve a casi toda la población y dificulta otra noción que no sea pedirle a y esperar del Estado.

Acaso por lo anterior, muchos adolecen de confusión de sentimientos: defienden el "rostro humano" del castrismo, a pesar de que aborrecen la cara de tranca del desastre económico y la represión brutal. Para conjurar la nostalgia socialista tras el cambio, quizás deba preservarse cierta provisión igualitaria: cuidado de salud básico y educación para todos, así como pensión y jubilación mínimas.

Nadie podrá esperar que, más allá, su bienestar corra por cuenta del Estado democrático, pero más acá tendrán que soportarse las pesadas cargas económicas vinculadas a los servicios institucionalizados, en el doble contexto del envejecimiento gradual de la población y el alza repentina de los costos de salud y educación, seguridad y asistencia social.

A este respecto convendría espulgar el libro Seguridad Social, Posibilidad de Escoger y Solidaridad en la Transición (Cambridge: University Press, 2001), escrito por el teórico de la transición postsocialista János Kornai y la economista de la salud Karen Eggleston, ex discípula de aquél en Harvard, sobre la base de las experiencias reformistas de Europa del Este.

Si bien los individuos y las familias deben tener libertad para escoger seguros de salud y planes de jubilación, kindergarten y escuela, casa cuna y hogar de ancianos, no puede soslayarse la solidaridad con los pobres, que reclama la intervención del Estado.

Muchos fallos del mercado afloran entre los grupos sociales más desfavorecidos, que desde luego están impacientes por vivir y prosperar bajo el nuevo sistema. ¿En qué medida se actuará con mentalidad económica, que prescribe apretar las clavijas de la eficiencia, y hasta qué punto se tendrán en cuenta los dictados del corazón, que impulsan a compadecerse de aquellos con bajos ingresos?

Estas mismas personas son hoy víctimas del régimen castrista. De prolongarse su penuria durante la transición ordenada, estaría en peligro la transición pacífica.

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