El pasado 19 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) cubano emitió una declaración donde anunciaba que el gobierno cubano había entregado al gobierno estadounidense una Nota Diplomática que denunciaba "las flagrantes violaciones de los derechos humanos que dicho gobierno comete diariamente en el territorio cubano que ilegalmente ocupa la citada Base Naval [de Guantánamo]".

Esposas de prisioneros políticos piden amnistía.

La declaración afirma que "[l]a arbitraria detención de estos prisioneros extranjeros sin que haya mediado un proceso judicial, así como las torturas y el tratamiento degradante a que son sometidos, constituyen una grosera violación de los derechos humanos y de numerosos tratados y convenciones internacionales, en particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes".

Como colofón, el comunicado del MINREX exige el cese de las violaciones de los derechos de los prisioneros, y proclama que "a Cuba le asiste toda la moral que nos da una trayectoria intachable en esta materia […] para demandar la terminación de estas prácticas violatorias del Derecho Internacional".

No hay duda de que el trato dado a los individuos detenidos en Guantánamo bajo sospecha de terrorismo puede calificarse de cruel, inhumano y degradante. Tampoco de que algunas de las prácticas empleadas en los interrogatorios de los detenidos pudieran constituir una variedad de tortura. Así lo han denunciado las principales organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El pasado 4 de febrero, un grupo de expertos designados por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU manifestó su sostenida preocupación por la situación de los detenidos de Guantánamo.

Tendríamos que aplaudir el comunicado del MINREX si no fuera por el abismo —no cabe darle otro nombre— que existe entre lo que predican las autoridades cubanas y las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba. Llama poderosamente la atención que La Habana le reclame a cualquier otro país apego al Derecho Internacional y en particular a las normas internacionales de derechos humanos, cuando el gobierno cubano ha esgrimido reiteradamente el argumento de la soberanía para justificar la violación sistemática de los derechos humanos, en particular los civiles y políticos.

Ni suscribir, ni ratificar, ni proclamar

Ejemplo del doble discurso de La Habana frente al tema de los derechos humanos es que no ha suscrito, ratificado, ni proclamado su adhesión a algunos de los principales instrumentos internacionales en la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966, y sus Protocolos Facultativos. Contrariamente a lo que podría esperarse, dado el énfasis con que el discurso oficial proclama los adelantos en la salud, la educación y los deportes, Cuba tampoco es signataria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también adoptado en 1966 y que garantiza, entre otros derechos, el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos, así como el derecho a la huelga.