El bledo es una planta rastrera de la familia de las quenopodiáceas que abunda como maleza y, en ocasiones, entorpece el crecimiento de ciertos cultivos, aunque en algunos lugares se utiliza como comestible en ensaladas u otros platos.

Sesión 61 de la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra.

Recientemente, con motivo de la sexagésimo primera reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra (CDH), la máxima autoridad cubana, Fidel Castro, dijo que le importaba un bledo "y al pueblo cubano también", agregó, los resultados de la votación que de dicha reunión se obtuvieran.

No deseo extenderme en críticas innecesarias a la declaración del gobernante cubano: nadie ignora que su discurso poco profesional y fuera del rango que como jefe de Estado ocupa (ilegalmente) desde hace cuatro décadas y media, ha dado, a lo largo de todo este tiempo, mejores muestras de incoherencia, desproporción y provincianismo. Prefiero, en cambio, centrar la reflexión en el motivo que inspira al agitador político a clamar en plena finca (su finca) que el principal órgano del sistema de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos le importa lo que la maleza en su latifundio.

Primero, se me antoja pensar que puede importarle un bledo el resultado emanado de esta 61 reunión, porque la maleza en los campos de Cuba, crece, real y metafóricamente, en toda la extensión de sus dominios. Hace rato que para la Isla que fuera eminentemente agrícola este renglón de la economía ha sido desatendido e incluso abandonado por las prioridades que exige el celo del gran latifundista dispuesto, cueste lo que cueste, a no perder el último eslabón de su hegemonía: el poder.

Luego (y aquí lamentablemente nuestra mirada queda desviada por un instante del gran latifundio de Birán en que quedó convertido el archipiélago cubano para abarcar la escala internacional) habría que preguntarse en qué medida la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra ha perdido, paulatinamente, desde su fundación en 1946 hasta nuestros días, credibilidad y eficacia; una regresión constante que obligó a la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, a declarar: "la Comisión está en peligro. Si no reacciona con rapidez se volverá insignificante".

Composición y credibilidad

Creada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la CDH elaboró en 1947 y adoptó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba, Estado miembro desde el 24 de octubre de 1945, fue uno de los países signatarios. Además de la sesión anual, celebrada durante seis semanas entre marzo y abril, la Comisión puede convocar a reuniones extraplenarias cuando un conflicto de gravedad lo requiera. Tal ha sido el caso durante la guerra de los Balcanes (1992), la masacre de Ruanda (1994), el conflicto en Timor Oriental (1999) y las violaciones de los derechos de los palestinos en los territorios ocupados (2000).

La primera razón que pone en peligro la credibilidad de la Comisión, y sin dudas la de mayor peso, es la composición de la misma. Integrada por 53 Estados miembros, la CDH está compuesta hoy día por países como Arabia Saudita, China, Cuba, Etiopía, Indonesia, Nepal, Sudán y Zimbabwe; o sea, por un número considerable (entre otros) de violadores sistemáticos de los Derechos Humanos. Dicha composición ha permitido que, tras cabildeos y turbias negociaciones entre Estados que violan estos derechos, países como Argelia, China, Arabia Saudita, Rusia, Zimbabwe e Indonesia (de donde procede el presidente actual, Makarim Wibisono), escapen sistemáticamente a un análisis y un dictamen de la situación interna que generan y propician sus respectivos gobiernos.

Al respecto, sucede algo así como si los altos mandos de la justicia, encargados de juzgar a una banda de malhechores, estuvieran equitativamente integrados por justos y pecadores.

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ante el desparpajo de la Comisión, ha dictado recomendaciones para reformar su erosionada credibilidad. Sin embargo, la jurista canadiense Louise Arbour, quien ocupa actualmente el puesto de Alta Comisionada de la misma, ha afirmado, contradiciéndolo, que "su" organización no necesita reforma alguna. Por supuesto, la señora Arbour debe imaginar que la democracia en el mundo funciona como en su Canadá natal.