Mientras en política doméstica el flamante presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ha iniciado su mandato tranquilizando a los mercados con el nombramiento de un moderado para la cartera de Economía, además de hablar con naturalidad sobre acuerdos con el FMI, en asuntos exteriores no parece decidido a desligarse oportunamente del 'efecto Cuba', tal y como han hecho Ricardo Lagos, en Chile; Martín Torrijos, en Panamá; o Lucio Gutiérrez, en Ecuador; todos de tendencias cercanas al centroizquierda.

Reinaldo Gargano, ministro uruguayo de Exteriores.

Todavía es prematuro evaluar las conductas del nuevo gobierno uruguayo. Muchos menos indicios existen sobre el camino que finalmente escogerá: si el de Venezuela o el de Chile. Lo único aparentemente descartado es la opción político-económica de Cuba. Sin embargo, Vázquez no termina de adoptar una posición palmaria sobre sus relaciones con la Isla y ha preferido las curvas antes que el discurso directo.

La primera aproximación al régimen de Castro —porque la reanudación de relaciones diplomáticas cuenta menos— viene de la mano del tema MERCOSUR (Mercado Común del Sur).

El canciller Reinaldo Gargano se ha empleado a fondo para intentar sortear la cláusula democrática, firmada en Ushuaia, Argentina, en 1998, con vistas a permitir la entrada de Cuba al organismo regional. Se ha hablado de la posibilidad de ser miembro pleno o asociado, o de convenios puntuales; pero de acuerdo con la cláusula, "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR" (Protocolo de Ushuaia, 1998).

El Parlamento de la República Oriental del Uruguay ratificó dicho instrumento el 15 de diciembre de 1998, conjuntamente con Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.

El actual canciller, entonces senador, hizo uso de la palabra en aquella ocasión para afirmar que se estaba "asistiendo al debate de uno de los instrumentos jurídicos y políticos más importantes del proceso de integración" (Transcripción del Senado de Uruguay, 1998).

Interpretación 'a la carta'

El mismo Gargano que hoy busca resquicios legales para permitir la participación de Cuba, alabó desde su escaño la cláusula democrática y pidió el voto de aprobación al resto de la Cámara, porque "cualquier participante del proceso de integración —como también aquellos que se han vinculado a él, como Bolivia y Chile— que vulnere el principio de institucionalidad democrática, está sometido ipso facto al examen de su situación por parte de los organismos de MERCOSUR".

La idea de Gargano de interpretar "a la carta" la cláusula en beneficio de La Habana, es cuando menos contradictoria y selectivamente perversa.

En principio, no se trata de propugnar nuevos modos de aislar aún más a la población de la Isla, sino de evitar que actuaciones violatorias de los derechos humanos y de las libertades —tan anheladas y disfrutadas por el resto de los miembros del organismo— resulten premiadas con los beneficios de un acuerdo que pone como condición mínima el respeto democrático.