Una declaración de la empresa cubana Alimport publicada en el diario oficial Granma (26 de febrero) fija la posición de las autoridades de la Isla acerca de la disposición del Departamento del Tesoro, que impone el obligatorio pago por adelantado de las mercancías que proveedores de varios estados norteamericanos exportan a Cuba.

Pedro Álvarez (dcha.), presidente de Alimport, durante la firma de acuerdos con un empresario norteamericano.

Según admite la entidad comercial encargada, en poco más de tres años (desde diciembre de 2001) el gobierno cubano ha adquirido en Estados Unidos productos alimenticios por valor de más de 1.250 millones dólares (4,9 millones de toneladas métricas).

Según expresa la mencionada declaración de las autoridades cubanas, "la disposición anunciada constituiría una escalada dirigida a entorpecer las ventas de alimentos, sujetas de por sí a numerosas restricciones impuestas por EE UU".

La declaración de Alimport agrega que "…esta medida hace totalmente inseguras las compras en Estados Unidos al poner en peligro la alimentación directa de la población cubana, incluida la infantil, y la adquisición de materias primas que se utilizan en la elaboración de otros alimentos".

La Habana ha preferido erogar en pocos meses sumas multimillonarias para comprar en la nación enemiga renglones que podrían producirse en el país, en lugar de dedicar esos recursos a recapitalizar la agricultura cubana, degradada hasta los límites de la depauperación por tantos años de improvisación y voluntarismo de un sistema siempre divorciado del humanismo y de toda lógica económica.

Acaso el alto liderazgo de la Isla pretendió obnubilar a los productores norteamericanos con las apreciables sumas que por los suministros paga al contado, con la esperanza de que estos ejercieran presión política sobre las instancias gubernamentales y legislativas del vecino del norte, para pulsar un cambio en la tradicional política de presiones económicas que por más de 40 años matiza las relaciones entre los dos países.

Tal parece que la sospecha no está descaminada. No debemos olvidar que hace varios meses un viceministro de Relaciones Exteriores fue defenestrado, precisamente por afirmar que tales transacciones comerciales con Estados Unidos tenían el objetivo de horadar o debilitar las leyes y medidas de presión unilateral con que la clase política norteamericana trata de impulsar cambios fundamentales en la Isla.