Cualquier diseño internacional encaminado a fomentar espacios y mecanismos de contacto, intercambio y cooperación con el gobierno y la sociedad civil emergente, debe potenciar el principio de que los cubanos son quienes legítimamente deben solucionar sus problemas internos. De esta tesis emana la prioridad de la sociedad civil como agente de cambios.

Comisario europeo Louis Michel y canciller Pérez Roque: ¿chantaje o diálogo?

La sociedad civil es un abanico de asociaciones, instituciones y recursos independientes y autónomos del Estado, que cuenta con un espacio público y diversas formas de propiedad sobre los medios de producción y expresión. Ello le permite la interacción, el debate, la decisión y la libre participación en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de interés ciudadano. En la sociedad civil, asiento de la pluralidad y la diferencia, se interrelacionan y conviven los más variados intereses de grupos políticos, económicos, culturales, profesionales y religiosos.

La inexistencia de una sociedad civil fuerte en Cuba ha tenido y tiene mucho que ver con los esfuerzos perdidos en la historia del país. La importancia vital de esa comprensión para la acción práctica, se demuestran con los múltiples intentos frustrados por no tener en cuenta el escenario civil. Todas las acciones en pro de la democratización y de los derechos humanos tiene que dirigirse esencialmente a la conformación de la sociedad civil cubana, la cual fue desmontada en la década del sesenta, siendo la causa fundamental del estancamiento político, económico y social que vive la Isla. A partir de la interconexión entre derechos humanos y sociedad civil se establecerá la relación de la sociedad cubana con la política, de la que hasta ahora se encuentra aislada.

Teniendo en cuenta lo anterior y en busca de acciones eficaces, es necesario añadir a la agenda de diálogo de la Unión Europea (UE) la incorporación de Cuba al Pacto de Derechos Políticos y Civiles y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, la UE cuenta con un argumento de peso que emergió en el marco de la política de diálogo crítico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, en visita efectuada este año al Parlamento Europeo y a España declaró, entre otras cosas, que "si la UE se apartara de la votación estéril (en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra), Cuba estaría dispuesta a sentarse con la UE a acordar un programa". Y que el gobierno cubano "se sentiría en la deuda moral de acompañar la decisión europea. Firmaría el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al día siguiente, diciendo que hemos empezado una nueva etapa en nuestras relaciones", agregó.

Esa disposición no debería supeditarse a ningún tipo de condicionamiento político, ni a ninguna otra razón que no sea el beneficio popular y la dignidad de los seres humanos que representa el gobierno. La aceptación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un derecho del pueblo cubano avalado por su larga historia de lucha. Y si el gobierno está realmente interesado en discutir ese tema con los Veinticinco es porque parece haber entendido la necesidad de introducir cambios y porque posee la voluntad política para materializarlos.