"Esta firma es la de un genio", expresó César Lombroso —antropólogo italiano conocedor de la grafología— al analizar una de las copias de la Constitución cubana de 1901. Describía la personalidad de sus firmantes en el momento que examinaba la rúbrica de Manuel Sanguily.

Manuel Sanguily visto por Conrado Massager.

Si en la cultura insular se rinde más honor a la guerra que a la paz, y se resaltan los héroes y las hazañas militares más que los aportes diarios que redundan en avances sociales, cuando se trata de personalidades cuya preocupación y ocupación por los destinos de su país se expresa en ambas vertientes, es obligado el doble reconocimiento. Es el caso del genial Sanguily, cubano enérgico, de principios y propósitos honrados, soldado y pedagogo, coronel y parlamentario, secretario particular de la Secretaría de Guerra en la manigua y Secretario de Estado en la República. Protagonista e historiador.

Nacido en La Habana un 26 de marzo de 1848, Sanguily tuvo la feliz oportunidad de contar entre sus profesores al profeta de nuestra historia, Don José de la Luz y Caballero, quien entendió la política como proceso, se pronunció contra la inmediatez y concibió el arte y la ciencia de la educación como premisa insoslayable de los cambios sociales. Pedagogo de profesión, Don Pepe fundó El Salvador de La Habana, colegio donde consumió los últimos años de su fecunda vida; donde todo lo heredado de José Agustín Caballero y del Padre Varela lo enriqueció y trasmitió a sus discípulos, entre ellos a Sanguily, a quien llamaba "¡Manuel de los Manueles!", y cuyas virtudes éticas y convicciones políticas adquiridas en el colegio le acompañaron hasta su desaparición física en 1925.

Durante su actividad política la preocupación por la justicia social le llevó a enfrentar uno de los males endémicos de la inconclusa nación cubana. En Cuba, el proceso de diversificación de la propiedad de la tierra se inició en el siglo XVI, alcanzó su punto más alto en la segunda mitad del XIX, y comenzó a revertirse a finales de ese siglo con la penetración del capital extranjero. Ese proceso de reconcentración fue acelerado por la Orden 62 del gobierno interventor norteamericano, dictada el 5 de marzo de 1902, con el fin de facilitar la división y titulación de las llamadas haciendas comuneras, cuyos usufructuarios no poseían títulos de propiedad para poder venderlas. Minuciosamente, los 80 artículos de la citada orden despejaban los obstáculos legales para que las mejores tierras del país pasaran a manos extranjeras. Así se concentró rápidamente más de la mitad de la tierra cultivable sin trabas legales, ya que la Constitución de 1901 se limitaba a proclamar la defensa de la propiedad existente.