Los juicios sumarios que se llevan a cabo en Cuba contra 78 personas, en su mayoría periodistas independientes, disidentes y opositores, han provocado la inquietud del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, a quien preocupa que no se conceda a los detenidos el derecho a tener un trato equitativo y justo ante la justicia.

Jurista Christine Chanet, representante para Cuba de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Humberto Salgado).

Estas apreciaciones del jefe de la Comisaría de Derechos Humanos de la ONU fue expuesta en exclusiva a este corresponsal por el vocero José Luis Díaz, en momentos en que la comunidad internacional protesta por la gravedad de la situación en Cuba.

Díaz ha dicho a Encuentro en la Red que "el Alto Comisionado está preocupado por esta cuestión, que ya había evocado la situación de los detenidos, unas 78 personas, con el canciller cubano al principio de la presente sesión de la Comisión de Derechos Humanos".

Asimismo, Díaz dijo que "Vieira de Mello ha expresado su preocupación en cuanto a los informes que han ido saliendo de Cuba sobre los juicios (...) y continuará sus diligencias con las autoridades para seguir el desarrollo de este caso".

El Alto Comisionado está siguiendo con preocupación el proceso, muy interesado en conocer las razones explícitas por las cuales han sido detenidos los disidentes.

La preocupación de Vieira de Mello, en términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, de la que Cuba fue promotora, está expresada en los Art. 8, 10 y 11, que respectivamente señalan: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales... contra actos que violen sus derechos fundamentales", y "toda persona tiene derecho... a ser oída... con justicia por un tribunal independiente e imparcial", y "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad... en un juicio público en que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".

Al respecto, cabe recordar que los juicios sumarios decretados por el Gobierno cubano contra amplios sectores de la oposición, son violatorios de la propia legislación nacional, ya que ese tipo de enjuiciamiento sólo es posible bajo las condiciones del estado de excepción.

El portavoz Díaz ha expresado que se ha seguido insistiendo con las autoridades cubanas para obtener respuesta a la petición hecha por la representante personal del Alto Comisionado, la jurista francesa Christine Chanet, sobre las personas detenidas y los motivos.

Medios oficiosos no descartan que el Alto Comisionado envíe una nota al Gobierno cubano para solicitar nuevamente información sobre estos juicios sumarios, toda vez que ese tipo de procesos se realizan sólo bajo condiciones de estado de excepción, tal como lo han comentado organizaciones de derechos humanos y juristas que participan en los trabajos de la 59 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

La Liberal International (LI) y la Internacional Demócrata de Centro (IDC) condenaron el pasado jueves en Ginebra la ola represiva. Janet Rivero, de la LI, denunció la existencia de cientos de prisioneros políticos confinados. Por su parte, John Pérez, de IDC, dijo que el Gobierno cubano se aprovecha de que la guerra en Irak concentra la atención internacional para azuzar las diferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos, para arremeter contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos. Pérez ha denunciado la negativa de asistencia médica y religiosa en las cárceles isleñas a prisioneros políticos, como son los casos de Regis Iglesias, Antonio Díaz y Efrén Fernández, tres colaboradores directos de Oswaldo Payá, principal promotor del Proyecto Varela.

Ambas organizaciones han reclamado a la comunidad internacional que se movilice en solidaridad con los presos políticos en Cuba, "si en realidad estamos comprometidos con la verdad y el respeto a la inviolabilidad y dignidad de la persona humana".