Desde que los hombres abandonaron los refugios naturales y la vida nómada, la construcción y conservación de la vivienda pasó a ser uno de los aspectos de mayor incidencia en el desarrollo social. El problema habitacional fue, es y seguirá siendo una de las necesidades más importantes del ser humano, y una de las preocupaciones de la familia, la sociedad civil y el Estado, pues su mayor o menor solución lo convierten en factor de política y de gobernabilidad.

Vivienda en la calle Cienfuegos. La Habana Vieja.

En Cuba, el ritmo de crecimiento poblacional siempre sobrepasó al ritmo de edificación. Según el Centro de Estudios y Control de Desarrollo de la Vivienda, en 1959 —cuando los habitantes de la Isla eran algo más de 6 millones— "el déficit estimado para todo el país ascendía aproximadamente a un millón".

En enero de 1959 la Revolución creo el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para emplear fondos de la Lotería Nacional en su solución; dictó la Ley sobre la Rebaja de Alquileres; aprobó la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos y en 1960 creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales. En octubre de ese año aprobó la Ley de Reforma Urbana, que reconocía la "posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano".

Así comenzó la bella "batalla por la vivienda", dirigida a satisfacer un crecimiento demográfico que demandaba unos 32.000 apartamentos anuales. Pero el resultado fue otro. En los primeros 12 años (1959-1970) sólo se construyeron unos 11.000 por año, lo que agregó al déficit anterior otros 232.000 habitáculos dejados de construir.

La incapacidad estatal para enfrentar el complejo problema condujo a la idea de la "participación popular". Con ese fin, en 1971 se crearon las microbrigadas —pequeñas unidades de trabajadores de una empresa que asumían la función de constructores—. La vivienda terminada, propiedad del Estado, se entregaba en usufructo a los seleccionados de acuerdo a sus méritos y necesidades. Sin embargo, la microbrigadas no lograron del todo su propósito. Entre 1971 y 1980 el promedio alcanzado fue inferior a las 17.000 anuales. Al déficit de un millón 232.000 se sumaban ahora otras 150.000. Una de sus consecuencias fue el masivo éxodo de ciudadanos jóvenes por el puerto de Mariel.

El proyecto de construir unas 100.000 viviendas anuales a partir de 1981 no logró rebasar la cifra de 40.000 como promedio, aumentando aún más el déficit habitacional.

Ante la creciente insuficiencia el pueblo se enfrascó en ocupaciones y construcciones al margen de la Ley. La respuesta estatal fue la promulgación de leyes y otras medidas dirigidas a controlar el desenfreno. En diciembre de 1984 la Ley 48, denominada Ley General de la Vivienda, autorizó la transferencia de la propiedad a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos que no habían tenido solución jurídica. Cuatro años más tarde, en 1988, se aprobó la Ley 65, una segunda Ley General de la Vivienda, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para, según reza, "propiciar la solución del déficit habitacional" y fortalecer el control estatal sobre sus operaciones.

Ante los nuevos obstáculos ocasionados por la caída del Muro de Berlín, en diciembre de 1995 se creó el Grupo Nacional, integrado por varios organismos con el desesperado fin de controlar el desenfado de las "ilegalidades". En julio de 2000 se aprobó el Decreto-ley 211, que prevé inspecciones físicas de los inmuebles y exige una autorización institucional para permutar la vivienda, lo que menoscaba el derecho de propiedad reconocido antes por le Ley 65. Sólo siete meses después, en febrero de 2001, se aprobó un nuevo Decreto Ley para el control de las contravenciones, de acuerdo al cual el Estado monopoliza la compraventa y otorga a las entidades municipales de la vivienda el derecho de confiscación. De tal forma, la conducta del Gobierno cubano marca un retroceso que va de la declaración de la vivienda como posesión inalienable del ser humano al monopolio estatal absoluto.

Crecimiento poblacional, envejecimiento del fondo de viviendas, aumento del deterioro por falta de mantenimiento, continuos derrumbes, efectos de los ciclones y bajo ritmo de construcción, conforman un desesperanzador cuadro del problema habitacional en Cuba. Ello requiere respuestas urgentes. La disyuntiva se presenta así: participación ciudadana o monopolio estatal. Hay que situar al ser humano en primer plano, definir la función social de la vivienda; asumir el derecho de propiedad individual como una institución necesaria al desarrollo social, y respetar la autonomía y las libertades de los ciudadanos, o el problema de la vivienda en Cuba desembocará en tragedia nacional.