Una provincia cubana no tiene la capital dentro de sus fronteras: La Habana. Dos ciudades, Bayamo y Manzanillo, se disputan la supremacía estatal de otra provincia de horrible nombre: Granma. Otro tanto sucede con Ciego de Ávila y Morón, desprendidas de la gigantesca Camagüey. Y también con Baracoa, que ahora pertenece a un territorio con el cual nunca se identificó: Guantánamo.

División político-administrativa: ¿autonomía o centralización en estado puro?

Un pequeño grupo de ciudades cubanas se benefician con recursos gubernamentales, aunque aporten muy poco, mientras otras resultan preteridas por la desatención del castrismo y se consumen en el inmovilismo y el deterioro creciente.

Son los efectos de la División Político-Administrativa (DPA) que, de modo arbitrario en diversos órdenes, fue impuesta en la Isla en 1976. La hoy desfasada estructura repartió el territorio cubano en 14 provincias y 169 municipios, entre los cuales se incluye la denominada Isla de la Juventud, anterior Isla de Pinos, que fue convertida en Municipio Especial.

Son tantos los dislates que salen a relucir con sólo preguntar a historiadores, especialistas y simples habitantes de los más disímiles puntos de esta geografía, que uno llega a cuestionar sobre qué bases, análisis, consultas e investigaciones fue concebida la División.

El pastel cubano

Diecisiete años después de su llegada al poder, el aparato castrista partía la alargada isla como un cake de cumpleaños. Sobrevendría con los arduos 70 la consagración definitiva de la alianza con Moscú y la instauración de una práctica política emanada de los congresos quinquenales del Partido Comunista, el primero de ellos efectuado a todo trapo en 1975.

Menos de un año bastaría para dar a conocer la nueva División. La denominada Ley número 1304, acordada por el Consejo de Ministros y sancionada por el ¿presidente? Osvaldo Dorticós, sería firmada el 3 de julio de 1976 y hecha pública por diversos órganos oficiales de prensa el día 26 del propio mes, fecha de uno de los grandes hitos del calendario revolucionario: el asalto al Cuartel Moncada.

Curiosamente, el texto de la Ley —promulgada por un gobierno tan dado al autobombo— no menciona por ningún sitio la palabra "centralización". No era estrictamente necesario, se trataba más bien de una obviedad. En su lugar, se propone como objetivo nada más y nada menos que "reducir las instancias" de gobierno y facilitar "la relación más inmediata entre las inferiores y las superiores". Según expresa, ello redundaría en una disminución "de las necesidades de personal administrativo, y a dar mayores funciones y facultades a los órganos locales del Poder Popular".

Ni una cosa ni la otra. La práctica demuestra que la ineficiencia socialista descansa de forma pronunciada en su monstruosidad burocrática. Sobre el terreno, sólo quedó dividida la geografía del país. Lo demás fue multiplicado sin ambages: instancias gubernamentales, trabas burocráticas, papeleo y el mismo personal administrativo que querían reducir. Nada fue dejado de la mano. La supuesta autonomía de localidades y municipios pasó a ser cosa del pasado. O del futuro democrático.