En 1991, Amnistía Internacional publicó el documento Doce Pasos para Proteger los Derechos Humanos de la Mujer, que declara que "las mujeres se encuentran entre los encarcelados por sus creencias y actividades pacíficas, son torturadas, se les niega el derecho a un juicio justo, son secuestradas y desaparecidas, y ejecutadas extrajudicialmente… (ellas) enfrentan violaciones a los derechos humanos simplemente o fundamentalmente debido a su sexo".

Esposas y madres de Santa Rica: derechos cercenados.

El documento hace un llamado a todos los gobiernos a "cesar la persecución de las mujeres debido a nexos de familia; cesar de torturarlas y maltratarlas; liberar a todos las prisioneras de conciencia; y proveer atención médica adecuada a todos los presos y detenidos, tanto hombres como mujeres". Respecto a lo anterior, el gobierno de Cuba, signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde su adopción, y signatario de una plétora de otros documentos de las Naciones Unidas acerca del bienestar humano, no ha hecho nada para evitar el continuado abuso contra las mujeres.

Según Human Rights Watch, Amnistía Internacional e informes recibidos desde la Isla, desde 1988 hasta el presente el gobierno cubano ha violado y violentado los derechos humanos y civiles de mujeres disidentes, opositoras y activistas de derechos en Cuba y tomado represalias contra sus familias:

1988

En 1988, la poetisa Tania Díaz Castro, presidenta fundadora del Partido de Derechos Humanos de Cuba, fue arrestada y sentenciada a un año de prisión por motivos de "divergencia ideológica" y "comportamiento indebido".

1989

Díaz Castro fue puesta en libertad en noviembre y arrestada nuevamente y detenida sin juicio en Villa Marista (sede de la Policía de Seguridad del Estado) durante siete meses, donde fue torturada psicológicamente y con drogas. Amenazada con la seguridad de sus hijos, fue coaccionada a negar la existencia del movimiento de derechos humanos en Cuba.

1990

En 1990, Auria Feria Cao, madre de cuatro hijos y fundadora de la Unión Democrática Indio Feria, cumplía una larga condena bajo condiciones deplorables en la infame cárcel de mujeres Manto Negro, cuando fue sometida a tratamiento psiquiátrico coercitivo.

1991

En junio, un grupo de escritores disidentes y otras figuras de la cultura proclamaron una declaración clamando por, entre otros, un debate nacional sobre el futuro de la nación, elecciones directas de la legislatura y una amnistía para todos los prisioneros de conciencia. Las autoridades ejercieron represalias despidiendo de sus puestos a los seis signatarios de la Declaración de los Intelectuales Cubanos y expulsándolos de sus respectivos sindicatos laborales de escritores, artistas y periodistas. Una de ellos, María Elena Cruz Varela, poetisa galardonada, fue atacada fieramente en la prensa oficial y sometida a un "acto de repudio" —turba organizada por el propio gobierno para atacar y agredir a opositores.

El 19 de noviembre, en un segundo "acto de repudio" dirigido en contra de María Elena Cruz Varela, docenas de policía de la Seguridad del Estado y una turba de civiles reclutados para ese fin rodearon su casa. La turba irrumpió en su apartamento, la forzó a salir, y la arrastró por los pelos escaleras abajo desde el cuarto piso donde estaba localizado su apartamento. Cruz fue juzgada el 28 de noviembre, junto con tres otros miembros de Criterio Alternativo, y condenada a varios años de prisión por "asociación ilegal" y "difamación de las instituciones del Estado".

1992

El 16 de enero, la activista de derechos humanos María Celina Rodríguez fue brutalmente golpeada por una turba, forzada a entrar en un carro de la policía y detenida durante varias horas.

Otros activistas de derechos humanos que fueron sometidos a actos de repudio, a detenciones breves, llamados a interrogatorios por la policía, u hostigados en sus hogares por miembros de organizaciones populares, incluyen a Francisco Chaviano González, Gladys González, Rodolfo González, Lázaro Linares Echeverría, y Aida Valdés.