El patio de mi casa… lejos de ser particular, es propiedad del Estado. Y no sólo el patio, sino también los techos que se están cayendo, el baño sin inodoro, la sala seccionada por las tres barbacoas y la cocina —ahora con fogón de leña—, en la que también subsisten ratones y cucarachas.

Desalojo ilegal o ¿extracción?

De nada vale que el Estado afirme que una es dueña del inmueble que habita, cuando por las razones que sean —políticas, de necesidad burocrática local, o por rencillas personales en las que ganan los del sartén por el mango—, se ordena un desalojo, a cualquier persona la pueden sacar ilegalmente de su casa y ponerla de nalgas en la calle. Tampoco esto es nuevo.

Mucha gente de mi generación seguramente recuerda que a principios del actual régimen, algunas familias lograron salir del país más rápido que otras porque algún peje grande del barrio o del municipio, o de la élite, quería quedarse con su casa. Otros fueron enviados a la cárcel para sacarlos del camino. El Estado le "cede" una vivienda al cubano, quien paga su alquiler mensual, supuestamente, para llegar a ser propietario del inmueble. Pero el Estado también se reserva el privilegio de registrar esa vivienda sin permiso, sin motivos, y de retirar el derecho a ella según se le antoje.

En lo que va de año docenas de mujeres han sido desalojadas ilegalmente de sus casas. La evidencia es irrefutable. Solamente en un período de tres meses, en la provincia de Holguín han sido desalojadas 157 familias. En enero de 2003, se le advirtió a 49 familias villaclareñas que su desalojo era inminente, casi todas compuestas por ex esposas de miembros de las Fuerzas Armadas y sus hijos. Y así fue: el MINFAR insistió en que las viviendas eran de su propiedad.

En febrero, una familia de La Habana fue desalojada en medio de un litigio no resuelto aún. La víctima, Xiomara Montenegro Morales, y su hija de cuatro años fueron desalojadas. Montenegro era una mujer enferma de cáncer en fase terminal. El desalojo la cogió de sorpresa, ya que nadie le avisó lo que iba a suceder.

Entre octubre y noviembre de 2003 docenas de mujeres han sido desalojadas con sus familias. En muchos de los casos como represalias por su activismo opositor. Leidy Labrada Losada, del Partido Pro Derecho Humanos de Cuba, fue expulsada de su casa y obligada a refugiarse en casa de una hermana. En Bayamo, a Ruth Cordoví Lara le declararon su casa ilegal y la sacaron de la misma junto a su hija de ocho años, una niña recién operada de anomalía cardiaca congénita. Cordovi, que a su vez es sordomuda, ha recurrido al Comité Provincial del Partido Comunista y al Departamento de Bienestar Social, donde le han confirmado que su caso no tiene remedio: está desalojada y punto.