A debate el derecho a la vida

La Coalición Diálogo pro Derechos de Cuba, en su declarado esfuerzo por promover la cultura y el debate sobre los derechos humanos, ha emprendido una campaña que impulsa la creación de espacios de debate sobre la pena de muerte y la recogida de firmas para expresar ante las autoridades de la Isla la solicitud de una moratoria legal sobre las ejecuciones.

El derecho a la vida es un concepto amplio y abarcador, pero una de sus zonas más sensibles y complejas es la situación concreta de las instituciones gubernamentales y judiciales ante este problema. La existencia misma de la pena de muerte como condena posible tiene enormes repercusiones en la seguridad ciudadana. Así como en la percepción social sobre el natural equilibrio que debe existir entre las garantías plenas a la integridad de los individuos y el correcto tratamiento a las más peligrosas conductas criminógenas.

En las naciones latinoamericanas, donde ciertamente el derecho a la vida no goza de muy buena salud, se ha logrado, sin embargo, que las leyes e instituciones estén libres de esa pesada carga. El Estado y las instituciones no disponen de la vida humana, desde el poder no se responde al irrespeto del derecho a la vida con la misma acción.

Cuando las sociedades toman conciencia y convicción suficientes como para obviar la "vía más fácil" de enfrentar el crimen, se ponen en el camino indicado para buscar los mecanismos idóneos, pero humanistas, para prevenir el delito y, sobre todo, educar a los ciudadanos en el respeto a la vida ajena.

Cuba necesita que en todos los niveles y espacios de la sociedad se confronten y ventilen de manera abierta, transparente y desprejuiciada los argumentos que rechazan y respaldan la utilización de la pena de muerte, para que no quede sólo en manos del poder la determinación única y última sobre la vida de los seres humanos.

A estas alturas del desarrollo humano, una sociedad que no haya encontrado mecanismos idóneos para prevenir y castigar el delito, sin necesidad de llegar al extremo terminal e irreversible, es una sociedad fracasada. Una sociedad donde sólo aflora un asunto de tal magnitud cuando el gobierno decide ejecutar a un ciudadano, es una sociedad enferma. Una sociedad donde no existe debate alguno sobre un tema que se vincula con el derecho más elemental, es una sociedad condenada.

Queda claro que no sólo los ciudadanos cubanos están desprotegidos ante el Estado, en cuanto a las decisiones sobre su vida. Cualquiera está en peligro de ser ejecutado, sólo por el incontestable designio del poder, que en la defensa de sus intereses, juega tanto con la vida de los condenados como con los sentimientos de sus allegados, sean cubanos o extranjeros.

Es hora de que las instancias políticas y judiciales de la Isla sean ganadas por el humanismo y la sensatez. Es hora de que no dispongan más de la vida ajena y se comprometan a asumir la responsabilidad de encontrar mecanismos eficaces en la prevención del delito, sin sembrar el terror en los ciudadanos y el luto en nuestras familias.

El primer paso para enfrentar y resolver un problema es reconocer que existe. El primer paso para crecer, humanamente como individuos y colectividad a través de la abolición de la pena de muerte, es que en el tan necesario debate sobre el tema participemos todos.

Según lo expresado por sus animadores, en el acto de presentación de la campaña por el derecho a la vida y contra la pena de muerte, la Coalición Diálogo pro Derechos no declina la responsabilidad y satisfacción de impulsar y participar en este debate.