En una de sus más importantes obras, el economista austriaco Ludwig von Mises señala que los regímenes marxistas son por antonomasia contrarios a la lógica, la ciencia, el pensamiento, y que uno de sus principios más notables es la prohibición de analizar e investigar científicamente la organización y el funcionamiento de la economía socialista.

Ineficiencia estatal: preocupación de algunos economistas de la Isla.

Para él, el poder totalitario impone su dogma marxista a la intelligentsia, o sea, a quienes podrían pensar, para precisamente mantenerlos al margen del pensamiento. Quizás por ello el régimen de La Habana jamás pierde de vista la actividad académica de la intelectualidad del país, demostrando a lo largo de estos 45 años que vigila cada uno de sus pasos y sus manifestaciones, y que está dispuesto a reprimir y abolir radicalmente los reducidos espacios donde ejerce su labor.

Los ejemplos abundan. Uno de los más recientes del que se tenga noticia es el ataque dirigido en 1996 contra un grupo de economistas oficiales del Centro de Estudios de América, quienes asumieron el liderazgo en el debate sobre las alternativas de reforma económica; debido a ello fueron relevados de sus puestos de manera fulminante. La irrevocable decisión de mantener un férreo control ideológico y preservar el hermetismo de la plaza pública cubana, quedó entonces confirmada una vez más.

En el mundo desarrollado y democrático, las universidades, institutos y academias, particularmente en el área de ciencias sociales, devienen con frecuencia correas de transmisión de información al poder, colaborando con éste en la formulación de políticas económicas, sociales, de seguridad, etc., tanto en el ámbito doméstico como de alcance internacional.

El debate interior

Por el contrario, en Cuba el poder desconfía —por principio— de los profesionales cuya formación financió en buena medida, pues en el fondo considera que gracias al absoluto control que ejerce sobre la sociedad y a los masivos recursos que pone en función del mantenimiento del mismo, puede prescindir de la aportación de tales intelectuales. Sin embargo, no por ello ha sido silenciada la capacidad de investigación y análisis de la intelligentsia cubana, en particular de sus economistas más talentosos y consagrados.

A pesar de que el debate sobre los graves problemas que afronta la economía cubana ha tenido un pequeño repunte en los dos últimos años, al considerar los límites de su alcance y la certidumbre de una inexorable y súbita supresión por parte del poder, aquél se ha visto forzado, lógicamente, a desplazarse desde el interior del espacio público cubano hacia el ámbito internacional.

Es larga la lista de instituciones y fundaciones públicas y privadas en la Unión Europea, América Latina, Canadá, e incluso en Estados Unidos, que han cedido importantes espacios para el debate y la publicación de diversas investigaciones que, sobre las transformaciones económicas y sociales en la Cuba actual, elabora un numeroso y muy calificado grupo de economistas oficiales de la Isla.

Quizás uno de los profesionales que más atención, crédito y difusión le haya concedido de manera permanente a la creciente e importante obra de estos investigadores, sea el académico cubanoamericano Carmelo Mesa-Lago, Profesor Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh.

En su último libro publicado (Economía y bienestar social en Cuba a principios del siglo XXI, Colibrí. Madrid, 2003), Mesa-Lago valora altamente el diagnóstico y las recomendaciones que, con seriedad y rigor profesional, elaboran tales economistas desde su posición oficial. Ellos son, entre otros, Julio Carranza, Alfredo González, Hiram Marquetti, Pedro Monreal y Juan Triana. Sus aportaciones pretenden ser una modesta contribución a la superación de la crisis de estructuras y a la inserción de Cuba en las condiciones de globalización, por medio de la aplicación de un programa de reforma económica y social que integre una estrategia coherente y sostenible por parte del poder.