La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) manifestó el miércoles preocupación por la suerte de "al menos 50 personas" condenadas a muerte en Cuba, informó AFP.

En abril el gobierno cubano fusiló, tras juicio sumario, a tres hombres que encabezaron el secuestro de una embarcación de pasajeros para escapar de la Isla. Las ejecuciones terminaron con tres años de no aplicación de la pena capital en Cuba y desataron la alarma de la comunidad internacional.

Paige Wilhite, investigadora de AI para Cuba, se preguntó qué va a pasar con las decenas de presos que están condenados a muerte en la Isla. "¿Quiere decir que todos van a ser ahora ejecutados?".

El director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, dijo que la organización pretende asegurarse de que esas personas "no sean ejecutadas".

Beltrán y Wilhite presentaron el miércoles en Madrid la actualización del informe de AI Cuba ¿"medidas esenciales"? Los derechos humanos en peligro en nombre de la seguridad, publicado en junio pasado.

"Llamamos a las autoridades (cubanas) para que se declaren contra otras ejecuciones y reimpongan la moratoria" de facto que existió en la Isla durante tres años, hasta los fusilamientos de abril, dijo la investigadora. No obstante, advirtió que la cubana "siempre fue una moratoria no oficial" de la pena de muerte, por lo que "habría que cambiar las leyes de una vez; hacerlo oficial".

Wilhite pidió asimismo la liberación "inmediatamente y sin condiciones" de los 75 disidentes cubanos condenados a penas de hasta 28 años de cárcel. AI los considera "presos de conciencia".

La investigadora realiza una visita a España durante la cual tiene previsto mantener encuentros con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y con partidos políticos para tratar sobre el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Cuba y la reacción de la Unión Europea (UE), informó Europa Press.

Wilhite aseguró que, tras estudiar la mayor parte de los casos de disidentes encarcelados, queda demostrado que las acusaciones lanzadas en su contra por las autoridades cubanas "no tienen ningún fundamento".

"Ellos no han promovido la violencia y no han filtrado información secreta, entre otras cosas, porque no tienen acceso a este tipo de información", recordó.

Según Wilhite, los opositores pacíficos cubanos fueron condenados por actividades que en ningún caso "pueden considerarse delito".

La investigadora mostró además "preocupación" por el grave estado de salud de algunos de los disidentes en prisión, e hizo especial referencia al caso de la economista de 57 años Martha Beatriz Roque, condenada a 20 años de cárcel. La disidente se encuentra en el hospital militar Carlos J. Finlay, de La Habana, con serios problemas de hipertensión.

Wilhite reiteró el pedido de AI para que las autoridades cubanas permitan a representantes de la organización viajar a la Isla a comprobar in situ la situación de los presos. La última vez que Amnistía Internacional pudo realizar una visita de trabajo a Cuba fue en 1988. "Que nos dejen ver de primera mano lo que está pasando", reclamó.

Por otro lado, la investigadora condenó nuevamente el "impacto negativo" que tiene sobre el pueblo cubano el embargo de Estados Unidos, y llamó a Washington a revisar su política con respecto a la Isla.

AI considera que "el embargo brinda al gobierno cubano una excusa para sus políticas represivas y ha contribuido al clima en el que se producen las violaciones de derechos humanos".